El entramado de corrupción que rodea el servicio de VTV en Buenos Aires está a punto de dar un giro significativo. Este lunes, la justicia comenzará una serie de indagatorias a múltiples imputados por posibles coimas y negociaciones irregulares.

Iniciativas Judiciales en Marcha

Las indagatorias se llevarán a cabo en los tribunales de La Plata, donde se espera que Jorge D’Onofrio, ex ministro de Transporte de la provincia, rinda cuentas sobre su supuesta complicidad en el otorgamiento de concesiones a cambio de pagos ilegales. Este proceso incluye además a ocho empresarios vinculados a las empresas que administran las licencias de VTV.

Acusaciones de Cohecho y Fraude

La fiscalía, liderada por Álvaro Garganta, sostiene que D’Onofrio cometió delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con su función pública. Tras la revelación de estos ilícitos, D’Onofrio renunció de su cargo el año pasado en medio de la controversia.

Aprovechamiento de Recursos Públicos

Las sospechas apuntan a que las empresas adjudicatarias fueron beneficiadas a cambio de contratar una firma intermediaria, que, según la investigación, se embolsó entre el 3% y el 8,5% del costo total de cada VTV. Se estima que, en el último año, esta operación generó ingresos superiores a $4.900 millones para esta empresa.

Detalles del Escándalo

La licitación del servicio de VTV, habilitada por D’Onofrio, ha despertado numerosas críticas por supuestas irregularidades en el proceso. La fiscalía ha detectado que se aceptaron ofertas con documentación incompleta y que algunas empresas no cumplían con los requisitos mínimos. Esto generó un nulo nivel de competencia en las catorce zonas licitadas.

Mecanismos de Corrupción

Para canalizar los pagos, se instauró una empresa ficticia que era obligatoria para las adjudicatarias. Esta maniobra, considerada como un claro ejemplo de corrupción, ha llevado a la justicia a involucrar también a otros ex funcionarios y jueces conectados al sistema de cobro de fotomultas.

Consecuencias Legales y Embargos

Además de las indagatorias, el juez Adrián González Charvay ha procesado a D’Onofrio por lavado de activos, imponiéndole un embargo de $350 millones. Esta medida también afecta a otros involucrados, asegurando que la justicia no se detenga en su búsqueda de la verdad.

Investigaciones Adicionales

Paralelamente, se están investigando otras redes corruptas que supuestamente operaban en el ámbito de las fotomultas. Según las denuncias, habría una colusión entre abogados y funcionarios para beneficiar económicamente a los infractores, lo que también ha llevado a la imputación de D’Onofrio y otros aliados.

Implicaciones para el Sistema de Transporte

Las ramificaciones de este escándalo no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que también ponen en cuestión la transparencia y la eficiencia de los servicios de VTV, esenciales para la seguridad vial de millones de ciudadanos.

La justicia tiene la palabra, y el próximo desarrollo de estas indagatorias será crucial para abordar la corrupción en el manejo de recursos públicos en Argentina.