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La respuesta de la jueza que liberó al motochorro colombiano

Patricia Guichandut fue cuestionada por el Poder Ejecutivo a raíz de su accionar contra un colombiano que le robó el celular a una joven en el barrio de Caballito y que fue dejado en libertad luego de pagar 700 pesos.

Tras el duro cuestionamiento del presidente Mauricio Macri, la jueza Patricia Guichandut defendió su fallo por el cual un motochorro de nacionalidad colombiana quedó en libertad a cambio de resarcir a la víctima con $ 700. “A Jurado Mora (el delincuente) le impuse, en la medida de sus posibilidades, como lo señala la ley, varias reglas de conducta entre las que se cuenta el pago de una suma dineraria en concepto de reparación del daño causado a la víctima a cambio de otorgarle la suspensión del juicio a prueba”, justificó la magistrada en un comunicado publicado por Infobae. Guichandut sostuvo que, de los informes confeccionados por el Registro Nacional de Reincidencia y por la Policía Federal Argentina, no surgen “antecedentes penales ni procesos en trámite del extranjero detenido por el robo del celular”, pese a que se corroboró que Jair Stevens Jurado Mora (25) tiene en su país dos causas por robo a mano armada y otra por violencia de género por haber golpeado a su pareja. La jueza aseguró también que en el sumario consta que se presentaron funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones y que “dicho organismo tampoco informó al tribunal sobre la existencia de causas penales de Jurado Mora en el exterior, ni hizo saber que el nombrado hubiese estado alcanzado por alguno de los impedimentos de ingreso y permanencia en el territorio nacional”. “Resulta llamativo que también se atribuya a este tribunal a mi cargo la intervención en una actuación penal que se le seguiría a dos ciudadanos nacionalidad uruguaya, apellidado Franco, en la que no tuve ni tengo intervención alguna”, indicó. “Finalmente debo aclarar que los jueces no somos legisladores solo operadores del sistema y que contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías de orden constitucional”, agregó. Y finalizó: “Si se trata de efectuar modificaciones a la ley de flagrancia, a la suspensión del juicio a prueba, aplicación de penas, modificar las reglas de política criminal, no es el Poder Judicial el que pueda dar respuesta al tema”. La causa contra el motochorro colombiano fue iniciada el 21 de enero luego de que la Policía de la Ciudad lo detuviera por haber asaltado a una joven de 24 años en el barrio porteño de Caballito a la que le arrebató un teléfono celular. Foto: Gentileza Los Andes Leer además: – Macri consideró “indignante” que la jueza liberara a “motochorros con antecedentes” – Migraciones ordenó expulsar al motochorro colombiano que quedó libre tras pagar 700 pesos

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