Las dudas sobre su la muerte de Lucía Pérez

Aún tratando de digerir la bronca e impotencia por el beneficio del arresto domiciliario que recibió hace semanas por Alejandro Maciel, acusado de encubrir el femicidio de Lucía Pérez, los papás de la adolescente asesinada hace un año celebraron la decisión de la Justicia de resolver las dudas que surgieron durante la investigación en un juicio oral y público. Con críticas a la actuación de la fiscal María Isabel Sánchez, aunque manteniendo la acusación, el juez de Garantías Gabriel Bombini elevó a juicio la causa que tiene como imputados a Maciel, y a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, imputados por «abuso sexual agravado y femicidio». El magistrado indicó que el objeto es «ventilar la totalidad de las hipótesis posibles». Lucía Pérez, de 16 años, fue asesinada el 8 de octubre del año pasado. En la mañana de ese sábado, la menor fue a la casa de Farías en Playa Serena, donde murió. Lo había conocido un día antes y le había comprado marihuana. El sábado intercambiaron mensajes y ella fue a su casa. Esa misma tarde, Farías y Offidani llevaron a la chica a un centro de salud de Playa Serena, adonde ingresó sin vida, y la abandonaron. «Se desplomó», dijeron antes de irse. En principio se siguió una causa caratulada como averiguación de causales de muerte con los sospechosos como testigos, pero el caso presentó un giro cuando la fiscal Sánchez en una conferencia de prensa contó que la menor había sido víctima de un «empalamiento». Dijo que en toda su carrera no había visto algo igual. Farías y Offidani fueron detenidos al día siguiente y aguardarán el juicio en la alcaidía de Batán. Maciel, que era ayudante terapéutico de Offidani, fue detenido días después y en agosto fue beneficiado con el arresto domiciliario. «Es una ofensa hacia nosotros y hacía Lucía, porque a ella le sacaron todo lo que tenía y todo lo que podía ser. Este asesino (por Maciel) todos los días de sol toma mate en la vereda a la vista de todo el mundo», dijo Guillermo, papá de la adolescente. Junto a su esposa, Marta, no se resignan: «Tenemos que seguir luchando hasta las últimas consecuencias, hasta lograr una condena ejemplar», explican. La resolución de Bombini indica que Farías y Offidani serán juzgados en principio por estimarlos presuntos coautores del delito de «tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad». Para los investigadores, ambos merodeaban escuelas ofreciendo droga y así habrían conocido a Lucía. En segunda instancia, el juez pretende que se logre dilucidar el hecho de la muerte de Lucía. Entiende que la cuestión «ha quedado con mayor grado de duda a partir de las divergencias expresadas por los distintos peritos intervinientes sin que se haya realizado una junta médica en la que hubieran participado la totalidad de ellos». Ocurre que las posiciones de los peritos fueron diversas: tres médicos, incluida la médica que hizo la autopsia, dijeron que existe la probabilidad de que haya existido el abuso sexual con resultado de muerte; los médicos de Asesoría Pericial de la Suprema Corte revelaron que aunque existen signos de brusquedad no pueden afirmarlo ni excluirlo; en tanto que para la perito de la defensa la causal de muerte es indeterminada y asegura que no puede afirmarse la existencia de abuso. El abogado de la familia Pérez, Gustavo Marceillac, le dijo a este diario que la defensa se basa en un peritaje que sólo se expide en relación a las lesiones. «Lo toman en el aire, sin leer la pregunta, dirigida a si las lesiones están necesariamente relacionadas con un abuso sexual violento y los peritos de la Corte dicen que no necesariamente. Lo que no quiere decir que no haya habido abuso, puesto que si Lucía estuvo inconsciente no pudo resistirse. Aún así hay abuso sexual». Los peritos expresaron un mayor grado de consenso al establecer la causal de muerte «como mecanismo altamente probable la congestión y edema pulmonar de causa tóxica, probablemente vinculada al consumo d