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El gobernador bonaerense decretó la emergencia para combatir al delito en la Provincia. El narcotráfico, el control de armas, patrulleros nuevos y la convocatoria de personal retirado, son algunas de las medidas
Los principales puntos:
– Se declaró la emergencia por doce meses en todo el territorio provincial para «agilizar» recursos materiales y humanos.
– Convocarán de forma «inmediata y obligatoria» a personal retirado de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario para tareas de prevención «con los correspondientes incentivos» por el lapso de un año.
– Invertirán 600 millones de pesos del Banco Provincia para comprar mil móviles policiales equipados, 30 mil chalecos antibalas y 10 mil armas con sus respectivas municiones.
– Convocarán en sesión permanente al Consejo Provincial de Seguridad Pública, a la Mesa de Justicia y a la Federación Argentina de Municipios, para que «estén expresados todos los sectores políticos para consensuar iniciativas para perfeccionar la propuesta».
– Impulsarán la colaboración de unos 40 mil agentes de seguridad privada en tareas preventivas. Se incorporarán «con la obligación de avisar a la policía situaciones de riesgo».
– Extenderán el Comando de Prevención Comunitaria (presencia policial más intensa) a 42 municipios.
– Se incorporará un botón de alerta en teléfonos celulares a partir de la aplicación desarrollada por Provincia Seguros «que ya está disponible para descargar».
– Completarán en peajes y puentes el anillo digital de lectura de patentes que permitirá la identificación de vehículos robados.
– Se facultará a los municipios a establecer las medidas restrictivas de horarios y de zonas de circulación de motos para que transite sin acompañantes.
– Construirán ocho alcaidías con capacidad para alojar a mil internos y cuatro Unidades Penitenciarias, donde entrarán dos mil detenidos.
– Presentarán un proyecto de ley para que el trámite de excarcelación se realice en audiencia oral y pública con máximas restricciones para reincidentes y para los que usan armas.
– Presentarán un proyecto de ley para la creación de 20 defensorías y 50 fiscalías, 10 de ellas especializadas contra el narcotráfico.
– Solicitarán el «pronto tratamiento y sanción» del proyecto de ley del régimen de policías locales.
– Pedirán a la justicia que se aceleren los procesos abiertos contra los sospechados de ser cabecillas del narcotráfico.
– Presentarán un proyecto de ley que establezca penas no excarcelables y de cumplimiento efectivo por tenencia o portación de armas de fuego sin autorización, equiparando calibres de armas civiles con armas de guerra.
