Leandro Báez pedirá investigar los llamados del juez Casanello

Juez Casanello Los abogados Santiago Viola y Claudia Balbín, presentarán por escrito sus argumentos mañana ante la sala II de la Cámara Federal, que debe resolver si confirma o aparta a Casanello de la causa contra los Báez, en el marco del recurso presentado por su hijo Leandro. Los letrados no hablarán ante los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun. Los jueces sí escucharán a las 11.15 en audiencia personal y privada al detenido Lázaro Báez, quien pidió hablarles antes de que resuelvan si confirman o no el procesamiento y la prisión preventiva dictadas en su contra por Casanello. En el escrito que se presentará mañana, los abogados del hijo del empresario detenido también pedirán a la Cámara Federal que se investiguen supuestos llamados hechos desde el teléfono móvil del juez en la zona de la quinta presidencial de Olivos, una información que habría surgido precisamente de esa causa penal abierta en 2013 luego de una denuncia de la diputada Elisa Carrió. Según explicaron a Télam fuentes judiciales y de la defensa, como medida de prueba el juez a cargo de esa investigación, Marcelo Martínez De Giorgi, pidió hace tiempo el listado de llamados de Casanello para determinar con quién habló en el período en el que según la denuncia presentada por Carrió el juez habría participado de maniobras para encubrir a los Báez. En esa causa a cargo de Martínez De Giorgi también quedó imputada la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Respecto de las comunicaciones atribuidas al juez se detectaron en la zona de Olivos, en un radio que abarca la quinta presidencial pero también, según recordaron fuentes judiciales, la familia del magistrado vive en esa zona y de hecho, él mismo reside en el conurbano norte. También vive frente a la Quinta de Olivos el camarista federal Eduardo Freiler, amigo personal del juez. En esa causa judicial a la que aludirán en su escrito los abogados de Leandro Báez, el 28 de mayo de 2013 fallecido fiscal Di Masi imputó a Casanello y a la procuradora Gils Carbó, por supuesto encubrimiento a Lázaro Báez. El caso quedó a cargo de Martínez de Giorgi y poco después la Cámara Federal le ordenó unificarlo con otra denuncia presentada contra los entonces titular y segundo de la Procelac, Carlos Gonella y Omar Orsi, por omitir incluir a Báez en un primer dictamen de impulso de la investigación, que sólo apuntó en ese momento a Leonardo Fariña y Federico Elaskar. Eso ocurrió durante una licencia del fiscal natural del caso, Guillermo Marijuán, quien a su regreso y ante una nueva vista emitida por Casanello al respecto, amplió el requerimiento e incluyó a Báez y otros acusados. Martínez de Giorgi procesó ya a Gonella y a Orsi, en un fallo confirmado por los mismos camaristas que ahora tienen en sus manos el destino de Casanello en la causa por lavado de activos contra los Báez. Pero el juez siguió adelante con la investigación en lo referido a Casanello y a Gils Carbó, sobre quienes aún no tomó ninguna decisión de mérito. En su denuncia, Carrió había sostenido que Casanello buscaba en el 2013, al inicio del caso, «encubrir las conductas criminosas que como se sospecha vinculan a los imputados con las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional que incluyen a la Presidenta de la Nación Cristina Kirchner». Esa acusación fue impulsada por el fiscal Di Massi, quien falleció en febrero de 2015. Los hechos que motivaron la denuncia de Carrió fueron dos: el rechazo del juez a allanar una baulera en Tigre donde se habría dicho que se guardó documentación de la ex financiera SGI, conocida como la Rosadita, y la declaración de incompetencia del juez para investigar otra denuncia sobre la existencia de una supuesta bóveda en una chacra de Báez en Santa Cruz. Luego de recibir el escrito por parte de los abogados de Leandro Báez, la Cámara quedará en condiciones mañana de comenzar a definir si acepta la recusación planteada en su contra y lo aparta o confirma al juez al frente del caso. Casanello pa