Salas de bingo

Un nuevo conflicto entre las autoridades porteñas y las nacionales amenaza con convertirse en otro escándalo político y jurídico a partir de la sorpresiva convocatoria a licitación pública para la explotación de las cinco salas de bingo que funcionan actualmente en la ciudad y cuyas concesiones vencieron en septiembre último.

El llamado fue realizado por Lotería Nacional Sociedad del Estado, en franca contraposición a una convocatoria similar efectuada con anterioridad por el Instituto de Juegos de Apuestas de la ciudad de Buenos Aires.

La publicación efectuada por Lotería Nacional se refiere muy genéricamente a una resolución del directorio del organismo, cuyo contenido no explicita, y simplemente se limita a convocar a "aspirantes a agentes operadores para la explotación del juego Loto en sus modalidades de Loto Familiar, Loto de Salón o Loto Bingo", invitando a concurrir personalmente a las oficinas de Lotería Nacional a todos aquellos interesados en obtener mayor información. Según se menciona en la convocatoria, los pliegos tienen un costo de 60.000 pesos y el plazo para adquirir la documentación pertinente fue fijado originalmente hasta el 19 de enero y luego extendido hasta el 23 de enero de 2006.

Existe una cuestión de índole jurídico-legal que no puede pasarse por alto y que ha sido el origen de todos los conflictos entre ambas jurisdicciones. En efecto, cabe recordar que, en septiembre de 2005, un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la ciudad decidió que sólo la justicia porteña tiene facultades sobre el juego en el distrito. En la sentencia, los camaristas invocaron la autonomía porteña y precedentes de la Corte Suprema, donde el procurador general ya había dicho que ni antes ni después de la reforma constitucional de 1994 existió atribución federal con respecto a los juegos de azar.

Ahora, y tras el reclamo de la comuna, el juez Roberto Gallardo, siguiendo esa misma línea de interpretación, ordenó a Lotería Nacional que suspendiera la licitación ya que, según este magistrado, la iniciativa "de convocar a un proceso de selección de agentes operadores de los bingos carecería de andamiaje constitucional y legal, implicando además un fuerte menoscabo a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, consagrada por la Constitución Nacional en 1994. Ello es así en tanto la materia lúdica es un asunto claramente local".

De todas maneras, como seguramente Lotería Nacional objetará la competencia de Gallardo, que es juez de la ciudad, la disputa parece estar cada vez más lejos de una solución.

En nuestro editorial del 19 de septiembre último, "¿Quién regula el juego en la ciudad?", señalábamos la necesidad de que tanto las autoridades porteñas como las nacionales utilizaran una partida relevante de los cuantiosos ingresos que recaudan estas salas de juego para educar a la población y animarla a disminuir este hábito improductivo, advirtiéndola sobre los riesgos de adicción y desorden a los cuales puede conducir una ilusión quimérica por el dinero fácil.

Es indudable que las decisiones administrativas encontradas y los consecuentes reclamos judiciales en nada contribuyen al clima de previsibilidad y de seguridad jurídica que exige el desarrollo de la actividad económica.

En consecuencia, y ratificando lo manifestado en el mencionado editorial, es de esperar que las cuestiones que alimentan estos conflictos sean resueltas conforme a la ley y definitivamente.