Bingos: la historia sin fin

Es un negocio que mueve millones. Sin embargo, las ganancias no vuelven a la gente en obras, salud ni educación. Los municipios sólo se quedan con el 4% de lo recaudado. De las tragamonedas, ni un centavo.

Durante la década de los ‘90, el duhaldismo y el menemismo no sólo se empeñaron en destruir la industria nacional. También impulsaron leyes “a medida”, que dieron lugar a negocios millonarios, como los bingos

En la provincia, en 1991, el entonces gobernador Eduardo Duhalde impulsó la ley “injusta” que reguló esta actividad y que aún sigue vigente. La norma establecía que las licencias podían ser explotadas por el mismo Estado o por entidades de bien público (como asociaciones o fundaciones que, en algunos casos, no son controladas), en convenio con terceros. Estos terminaron siendo los verdaderos grandes beneficiados con las apuestas.

Cuatro años más tarde, otra ley -la 11.704- fijó cómo debían repartirse las jugosas ganancias de las salas de bingos: el 58% para premios, el 21% para el titular de la explotación y sólo el 4% para los municipios.

Ambas normas no fijaron, sin embargo, cómo debía repartirse la recaudación de las tragamomonedas, el verdadero negocio. Finalmente, una ley del año 2003 determinó que el 85% era para premios. Del resto, el 66% va para las empresas que las explotan; el 34% para el Estado; y entre el 1 y el 4% para las entidades titulares de la licencia, una suma realmente irrisoria.

Los municipios quedaron directamente afuera de los beneficios y es mucho lo que pierden. Las ganancias que dejan las “maquinitas” son realmente cuantiosas. Por dar sólo un ejemplo: en Quilmes funcionan tres salas habilitadas que estarían facturando más de 21 millones de pesos por mes.

Las tres salas que funcionan en Quilmes son el Bingo Golden Jack Quilmes, que está ubicado en la calle Rivadavia, a nombre de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Bernal y es explotado por L.R.F. Group S.A.y Sociedad.

Además, funciona el Bingo Golden Jack San Francisco Solano. La concesión está a nombre de la Asociación Civil El Niño y la Familia, y la explotación corre por cuenta de La Mediterránea S.A. Ambas salas pertenecerían al mismo dueño, aunque aparecen dos sociedades anónimas distintas explotando la licencia.

La tercera es el Bingo Quilmes, la sala más antigua, que fue autorizada hace más de 10 años a nombre de la Asociación Cooperadora del Materno Infantil de Solano. Es explotada por Golden Quilmes S.A.

En los últimos años, los tres ampliaron sus instalaciones y crecieron. Si bien no hay datos oficiales, se estima que cada tragamoneda factura alrededor de mil pesos por día. En total, entre las tres salas suman 600 máquinas habilitadas, lo que lleva la recaudación diaria a más 600 mil pesos y los ingresos mensuales a 18 millones sólo en estos juegos.

Esto si se toma sólo el caso de Quilmes. El panorama parece más grave aun si se tiene en cuenta que, en el Conurbano, funcionan 21 salas de bingo de las 46 habilitadas en toda la provincia. Paradójicamente, en la zona con mayores índices de pobreza y con carencias importantes en materia de salud, educación e infraestructura, funciona un negocio millonario que manejan unos pocos.

Un negocio que usufructúa la desesperación de la gente pero que no vuelve a ella en obras, programas educativos ni asistencia sanitaria.

Llama la atención que los intendentes de estos distritos asediados por grandes necesidades no reclamen a la Provincia que explote por sí misma un negocio tan rentable, como sí lo hace con los casinos y la lotería oficial, en vez de dejarlo en manos de empresas privadas. O que no pidan una ley que les permita explotarlo ellas mismas.

Explotar ese juego que, como se ve, reditúa jugosas ganancias, significaría a estos intendentes la posibilidad de empezar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a quienes gobiernan, y construir una sociedad “con posibilidades para todos”, tal como señaló el presidente Néstor Kirchner el lunes pasado. Lo que no es poca cosa

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