Denuncian por sedición y homicidio culposo a los asambleístas

El gobierno desistió de reprimir a los manifestantes sobre el puente y eligió, en cambio, una estrategia judicial, tanto penal como civil, para destrabar el bloqueo. Aníbal Fernández informó sobre la decisión de presentarse ante la Justicia

El Gobierno argentino, a través del Procurador del Tesoro, Joaquín da Rocha, se presentó esta noche como querellante ante la justicia y acusó penalmente a un grupo de activistas de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú de cometer graves delitos como homicidio culposo, amenazas, entorpecimiento del transporte, daños a bienes públicos, apología del delito y hasta sedición.

El anuncio fue formulado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en la Casa de Gobierno, quien estuvo acompañado por el ministro del Interior, Julio Alak, y marcó la nueva estrategia oficial, que evitó el uso de la fuerza para reprimir a los asambleístas.

Según Fernández, "es imperioso recuperar la relación con Uruguay", para lo cual elaboraron una estrategia jurídica que incluye una denuncia civil contra los mismos involucrados.

Para el Gobierno, según Fernández, el conflicto con Uruguay por la pastera Bosnia "terminó cuando se dictaminó el fallo" de La Haya, y consideró que los asambleístas de Gualeguaychú "han tenido actitudes radicalizadas".

El tema había sido analizado durante el día en Olivos entre la presidenta Cristina Fernández; el jefe de Gabinete, Alak y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Participó también Da Rocha, el jefe de los abogados del Estado.

El jefe de Gabinete remarcó que la protesta que impide liberar el puente que une a la Argentina con Uruguay "es ilegal". Y subrayó que los principales referentes de los asambleístas anunciaron que no acatarían el fallo de La Haya, que no condenó a Montevideo por la presunta contaminación del río Uruguay.