La Corte Suprema de Justicia ha decidido formalizar una causa donde se confronta al gobierno de Santa Cruz con el Estado Nacional. Esta disputa se centra en el incumplimiento de compensaciones previamente estipuladas en el Consenso Fiscal de 2017, con la provincia reclaman la suma de $589,3 millones supuestamente no transferidos en 2023 y los primeros meses de 2024.

Fundamentos del Reclamo de Santa Cruz

El planteo, hecho por el gobernador Claudio Vidal, se basa en un acuerdo que obliga al Estado Nacional a transferir ingresos de forma diaria y automática, a fin de compensar la reducción de recursos generada por cambios en el Impuesto a las Ganancias y en el tributo a los créditos y débitos bancarios. Estos fondos estaban destinados a mejorar la infraestructura sanitaria, educativa y vial, y debían ajustarse trimestralmente de acuerdo a la inflación.

Impacto de la Falta de Recursos

La provincia argumenta que la suspensión de estas transferencias ha provocado un daño inmediato a proyectos esenciales, por lo que solicitó una medida cautelar innovativa para reestablecer los flujos de dinero mientras se resuelve la cuestión en los tribunales.

Corte Suprema Rechaza la Cautelar y Exige Información

Luego de considerar el informe del Procurador General, el tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, decidió rechazar la medida cautelar. Los jueces señalaron que los argumentos presentados por Santa Cruz no son suficientes para justificar una acción urgente de tal magnitud, y que no se ha demostrado que la falta de recursos genere perjuicios irreversibles.

El tribunal afirmó que los antecedentes no logran cumplir con los requisitos necesarios para la admisibilidad de una medida cautelar, y que la información presentada no demuestra que los daños sean insalvables con un fallo definitivo.

Avances en el Proceso Judicial

En una resolución adicional, la Corte declaró su competencia originaria para abordar esta demanda y solicitó que se notifique al Estado Nacional, el cual tendrá un plazo de 60 días para responder a la reclamación por la vía del proceso ordinario.

Esta situación marca un nuevo capítulo en la compleja relación fiscal entre la Nación y las provincias, en un contexto caracterizado por crecientes tensiones sobre la distribución de fondos y el cumplimiento de acuerdos intergubernamentales firmados en la última década.