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El procurador General de la Nación, Eduardo Casal, confirmó este viernes que cerró un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Brasil para obtener las pruebas que ese país tiene sobre el caso Odebrecht, en torno a la confesión de los arrepentidos.
«El acuerdo logrado permitió consensuar los términos de un modelo de compromiso que despeja el camino de los fiscales y sirve como una herramienta puesta a disposición para que en sus investigaciones tengan la posibilidad de acceder a las informaciones y pruebas reveladas en Brasil», indicó la Procuración en un comunicado. Las pruebas serán utilizadas en varias causas por el presunto pago de sobornos.
El Ministerio Público Fiscal argentino sostuvo que el acuerdo «permitió consensuar los términos de un modelo de compromiso que despeja el camino de los fiscales y sirve como una herramienta puesta a su disposición».
Casal precisó que el objetivo es que en sus investigaciones los fiscales argentinos «tengan posibilidad de acceder a las informaciones y pruebas reveladas en Brasil por las personas que decidieron colaborar con la Justicia».
En ese sentido, recordó que ya hubo cinco meses de negociaciones con los fiscales brasileros. También existieron reuniones entre la Procuración General, la Oficina Anticorrupción, la Cancillería y los fiscales argentinos de las distintas causas.
El acuerdo al que arribó la Argentina comprende que las declaraciones que den los arrepentidos, todos ellos de la constructora Odebrecht, no serán utilizadas en su contra, pero sí del resto y así se permitirá avanzar en la investigación.
«El texto final aprobado logra respetar los estándares derivados de convenios internacionales que los dos Estados han suscrito, los principios y normas jurídicas internas de cada país y al mismo tiempo se ajusta a los términos de los acuerdos de colaboración que las empresas y personas involucradas han celebrado en Brasil», explicó el comunicado del procurador.
Además, señaló que «la suscripción de este modelo de compromiso es un requisito necesario para acceder a la prueba judicial disponible en Brasil que conlleva una limitación en el uso de las pruebas que se obtengan, que no podrán utilizarse en contra de quienes se encuentran alcanzados por los acuerdos de lenidad ni en procesos distintos en los que la información fue compartida».
