El sistema, instaurado en la década de 1990 para hacer frente a una crisis generada por un alto número de juicios, ha logrado reducir significativamente los accidentes laborales. Giordano destacó que, en sus casi 25 años de existencia, se han evitado cerca de 19,000 muertes. Sin embargo, este exitoso historial se ve empañado por un renovado problema de infancia judicial.

Litigiosidad en Aumento

Giordano indicó que, tras una reforma en 2017 que buscaba intervenir en los conflictos laborales a través de comisiones médicas, el sistema ha sido “hackeado” por un aumento en los juicios. “La intención era que peritos especializados resolvieran los conflictos, pero muchas veces esto no ocurre”, comentó.

Las causas que llegan a la justicia provincial con frecuencia enfrentan problemas de peritajes inadecuados, donde los peritos no son especialistas en la materia, lo que lleva a decisiones desalineadas con las normativas vigentes. Además, el economista remarcó que existen incentivos distorsionados: “En algunos casos, los honorarios de los peritos dependen del resultado de sus dictámenes, lo que puede inducir a una exageración de las incapacidades”, explicó.

Impacto en las Empresas

Esta situación ha generado un aliciente para presentar demandas incluso por lesiones menores. “Se inflan demandas de montos bajos, que a pesar de ser reducidas por los jueces, aún cargan un gran peso financiero”, añadió Giordano. Una estadística reveladora es que cerca del 50% de lo que las empresas abonan a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) se destina a cubrir gastos judiciales.

Un Sistema Al Borde del Colapso

El economista alerta sobre un panorama crítico: “Ya hay ART que han dejado de operar debido a la insostenibilidad del sistema”, advirtió Giordano. Subrayó que, si la crisis persiste, las demandas se dirigirán directamente a los empleadores. “El riesgo de quiebra para pequeñas empresas es inminente”, enfatizó.

Giordano recordó que la ley de 2017 contemplaba la formación de peritos médicos especializados en justicia provincial, pero esta medida aún no se ha podido implementar de manera efectiva en prácticamente ningún territorio. Para mitigar la crisis, sugirió la necesidad de peritos bien capacitados y remunerados, que evalúen los casos de manera justa sin alterar las regulaciones establecidas.

El tiempo para actuar es urgente, concluyó Giordano, ya que un solo juicio puede significar la supervivencia o el fin de muchas pequeñas empresas.