domingo, febrero 15, 2026
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Polémica: La Cancillería contrata a la empresa de la esposa de Sturzenegger

Controversia por Millonaria Capacitación de Diplomáticos en Inglés

El reciente contrato por más de $114 millones para capacitar a 132 diplomáticos argentinos en inglés ha desatado un torrente de críticas hacia el gobierno de Javier Milei. La formación será brindada por la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por la esposa del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Detalles del Contrato que Generan Polémica

El acuerdo, que abarca un período de nueve meses, incluye 594 horas de capacitación presencial entre marzo y noviembre. La cifra que el Estado destinará por cada hora cátedra asciende a $191.993, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia en los procesos de contratación del gobierno. Comparado con el costo promedio de $43.800, un docente que recién comienza a dar clases, la diferencia es alarmante: un 338% más de lo estándar.

Justificaciones del Gobierno

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se argumenta que el monto elevado se justifica por el carácter integral del servicio, que incluye no solo clases, sino también exámenes de nivelación, plataformas virtuales, seguimiento de métricas y materiales didácticos de editoriales de renombre como Oxford y Cambridge. Estos elementos, aseguran, aportan valor adicional al programa.

Criticas a la Transparencia y Equidad

A pesar de las explicaciones ofrecidas, la alta suma por hora ha reavivado el debate sobre la transparencia en las contrataciones estatales, especialmente cuando existe un vínculo familiar con miembros clave del gabinete. La propuesta fue presentada por María Josefina Rouillet a la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, lo que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de selección.

Marco Legal y Procedimientos

La formalización del contrato se realizó mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, dentro del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE. Aunque se estipula una duración de nueve meses con opción de prórroga, la reputación de las instituciones y el uso de fondos públicos adquirieron un nuevo matiz de escrutinio público.

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