Según la reciente encuesta de KPMG, el impuesto a los Ingresos Brutos continúa liderando las preocupaciones empresariales en Argentina. Este tributo, fundamental para la recaudación provincial, se aplica en todos los niveles de la cadena productiva, lo que provoca un encarecimiento significativo de los precios finales.

La Opinión Empresarial y la Presión Fiscal

El informe revela que un 61% de los empresarios lo considera el impuesto más perjudicial, un aumento respecto al 54% del año anterior. En contraste, el IVA apenas congrega un 12% de las menciones. Con más de 80 expertos consultados, las percepciones son claras:

El 57,97% de los encuestados anticipa que la presión fiscal se mantendrá estable en 2026. Aunque el 81,16% planea continuar con sus inversiones, apenas un 4% espera ampliar sus operaciones.

Curiosamente, el 35,14% reconoció que las condiciones fiscales les llevaron a desinvertir, mientras que el resto considera su situación neutral.

Ranking de Provincias y la Realidad Impositiva

La provincia de Buenos Aires lidera el ranking en presión fiscal, seguida por Misiones y Ciudad de Buenos Aires. Córdoba y Tucumán completan el Top 5. En 2025, CABA, Buenos Aires y Santa Fe fueron las jurisdicciones que más incrementaron sus alícuotas, provocando una percepción negativa sobre el fomento a la producción.

Misiones y Tucumán presentan un marco impositivo que ha reducido la oferta de bienes y servicios disponibles para sus habitantes.

Las Valoraciones del Sistema Judicial y Administrativo

El estudio también aborda la percepción sobre organismos administrativos. La Corte Suprema de Justicia se llevó la mejor calificación en «objetividad fiscal» con un puntaje de 6,24, mientras que el Ministerio de Economía fue nombrado como el interlocutor más fiable para el sector privado. Por otro lado, las agencias provinciales obtuvieron puntuaciones bajas: AGIP con 5,55 y ARBA con apenas 3,93.

A pesar de que las empresas están dispuestas a invertir, casi el 90% de los encuestados no percibe interés en los gobiernos provinciales por ofrecer incentivos o llevar a cabo reformas en la coparticipación fiscal. La persistencia del impuesto a los Ingresos Brutos como la principal fuente de recaudación provincial refleja un problema estructural en el sistema tributario argentino que podría tener implicaciones a largo plazo.