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La Cámara del Crimen procesó al marido y a los suegros de la modelo Valeria Mazza, en una causa en la que están acusados de haber falsificado un contrato de locación para evadir impuestos.
La Sala Cuarta de la Cámara, con las firmas de los jueces Mariano González Palazzo, Carlos Alberto González y Alberto Seijas, dispuso los procesamientos de Alejandro Jorge Gravier, esposo de Mazza, y sus padres, Horacio Alfredo Gravier y María Cristina Cirio, “por considerarlos partícipes necesarios del delito de uso de documento público falso”, un delito que contempla penas de entre uno y seis años de cárcel.
Los imputados, defendidos por los ex fiscales de la “Causa AMIA” y ahora imputados en esa causa José Carlos Barbachia y Eamon Mullen, fueron procesados por la presentación ante la AFIP un “contrato de locación presuntamente simulado” en el que, además, se habrían falsificado las firmas de un escribano.
Por el caso ya está procesada una contadora, Ana María Jost, quien según la acusación habría presentado los documentos ante el organismo recaudador. La presunta maniobra ilegal se habría cometido, según la información que trascendió, a través de las empresas “Vamagra S.A.” y “La Soñada S.A.”, que “estaban exclusivamente integradas por los accionistas Valeria Mazza y Alejandro Gravier, tenedores del 100% de su paquete accionario”.
“Tales sociedades, al igual que Valeria Raquel Mazza, estaban siendo investigadas por presunta evasión de tributos, y en ese marco fue que tuvo lugar la presentación de Jost que integraba el estudio contable” de la familia Gravier.
“Lejos están Horacio Alfredo Gravier, Alejandro Jorge Gravier y María Cristina Cirio de resultar ajenos al hecho materia de pesquisa, pues con la provisoriedad propia de esta etapa del proceso es posible sostener que el desarrollo de la conducta material, en definitiva concretada por Jost, fue posible únicamente merced a su necesaria colaboración, suscribiendo el contrato que, junto con las actuaciones notariales falsas, sería entregado por esta última para eludir sus responsabilidades”, resumieron los jueces.
El fallo ordena al juez de primera instancia Roberto Ponce “expedirse acerca de las restantes medidas cautelares”, es decir si dictará o no la prisión preventiva para los procesados y por qué monto embargará sus bienes.
