No quería ir al colegio e hizo una falsa amenaza de bomba

La Justicia dejó al borde del juicio oral a un joven acusado de haber llamado a una escuela para hacer una falsa amenaza de bomba. Según el fallo al que accedió DyN, la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento dictado contra el joven (identificado como S.C.) por el delito de «intimidación pública», que impone penas de 2 a 6 años de cárcel. En primera instancia, el juez Claudio Bonadio le había dictado un embargo por 5 mil pesos pero la Sala II aceptó bajarle ese monto a 3 mil. Todo ocurrió el 19 de septiembre de 2011, cuando -según la causa- S.C. hizo una llamada desde el teléfono de su padre al 911, dando aviso de que había una bomba en la Escuela Normal 10 de O’Higgins 2441, en el barrio porteño de Belgrano. De inmediato concurrieron agentes policiales y bomberos para verificar, pero no había nada y por lo tanto se abrió una investigación contra el responsable de la llamada. La causa se enmarcó en «intimidación pública», que prevé de 2 a 6 años de cárcel para el que «para infundir un temor publico o suscitar tumultos o desórdenes diera voces de alarma o amenazare con la comisión de un delito de peligro común». La Cámara había ordenado antes medidas para saber si el chico buscó «actuar sobre el ánimo de un conjunto considerable de personas indeterminadas reunidas en un lugar público o de acceso público», como reclama la jurisprudencia en esa figura. Y la causa confirmó que «la repercusión del llamado efectuado por C.» derivó en la evacuación de la escuela a la que asisten 900 alumnos. Un policía «dio detalles sobre el operativo realizado en la escuela citada, a raíz del llamado del procesado, señalando que luego de ser desplazado hasta allí por el Comando Radioeléctrico de la P.F.A., procedió a la evacuación del lugar, secundado por personal de la comisaría, para asegurar el establecimiento y a las personas que ahí se encontraban». También se «solicitó la intervención de la Brigada de Explosivos, que con personal propio recorrieron las instalaciones con perros, en busca de artefactos explosivos, con resultado negativo». «De mi dependencia éramos cuatro a seis oficiales, y contábamos con dos móviles, con los que debimos cortar la calle para evitar el paso», explicó. También brindó testimonio el vicedirector de la escuela, que explicó que «como director de evacuación activó la alarma y se dio inicio al procedimiento de evacuación de los 900 alumnos del nivel, con la consiguiente pérdida de clase y los riesgos que implica tener a los estudiantes fuera de su ámbito natural». «Señaló también, que no pudieron volver a ingresar hasta que la Brigada de Explosivos realizó las requisas necesarias, que fue aproximadamente una hora o dos más tarde» y precisó que se generó, como en toda amenaza de bomba, zozobra y angustia en toda la comunidad educativa, dijo el fallo. En ese sentido, el fallo sostuvo que «la acción» del joven «estuvo dirigida a infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, en los términos del tipo penal citado, para lograr su objetivo final consistente en la suspensión de las clases».