La investigación ha puesto al descubierto un posible tráfico de fármacos anestésicos en Buenos Aires, generando preocupaciones sobre su uso indebido en contextos no autorizados. La preocupación central radica en cómo estos insumos, especialmente el propofol y el fentanilo, habrían salido de los hospitales.

El trágico hallazgo de Alejandro Zalazar

Zalazar, anestesista del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, fue encontrado muerto en su departamento de Palermo el 20 de febrero tras la inquietud de su familia. En el lugar se hallaron insumos médicos y evidencias de la administración de sustancias, lo que desató la investigación.

Los fármacos en la escena

La causa del deceso fue determinada como una sobredosis de propofol y fentanilo. Estos medicamentos son de uso exclusivo hospitalario, lo que llevó a las autoridades a indagar sobre su procedencia. Los hallazgos iniciales sugieren que los fármacos podrían haber sido robados del Hospital Italiano, donde trabajaban Hernán Boveri y Delfina Lanusse, quienes ahora enfrentan serias acusaciones.

Mecanismos del tráfico de anestésicos

La investigación se ha centrado en identificar cómo estos medicamentos controlados fueron extraídos del circuito hospitalario. Se sospecha de un «robo hormiga» realizado durante años, con protocolos de extracción que permitieron la distribución del material anestésico en entornos ajenos a la práctica médica.

Actores involucrados en el caso

Boveri, un anestesiólogo con una sólida trayectoria en el Hospital Italiano, ha decidido no declarar ante las autoridades. Por su parte, Lanusse, una residente del mismo hospital, ha declarado sin aportar información clave sobre la sustracción de los anestésicos.

La figura detrás de la conexión

Chantal Leclercq, también conocida como “Tati”, ha emergido como una figura relevada en esta investigación, conectando las muertes y el desvío de anestésicos. Aunque su testimonio ha sido admitido en el expediente, no está imputada, lo que añade más complejidad al caso.

El impacto social de la investigación

La revelación de que anestésicos se usaban en reuniones privadas ha disparado una ola de inquietud pública. Los encuentros clandestinos en los que se administraban estas sustancias están ahora bajo escrutinio, y se investigan prácticas que ponen en riesgo la salud pública.

Consecuencias legales en el horizonte

El caso ha sido radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, y está bajo la supervisión de la Fiscalía N°49. Por el momento, se está evaluando la figura del hurto o administración fraudulenta, que conlleva penas de prisión significativas.

La sospecha de prácticas controladas en entornos no médicos continúa creciendo, lo que demanda una mayor vigilancia sobre el manejo de sustancias anestésicas dentro y fuera de las instituciones de salud.