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Se pagaron US$ 1.500 millones y $ 13.000 millones por dos gasoductos incompletos

Julio De Vido fue procesado por haber favorecido a Odebrecht en la adjudicación de los contratos para sus ampliaciones.

El Gobierno nacional anunció que la ampliación de dos gasoductos, una obra cuya licitación por U$S 2.300 millones fue direccionada en favor de Odebrecht por parte del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, no será concluida.

De Vido quedó procesado días atrás por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por el favorecimiento de la firma brasieña durante las licitaciones realizadas entre 2006 y 2008.

Según el juez Daniel Rafecas, la licitación oficial fue un “proceso direccionado” para otorgar los contratos a la firma brasileña. Hasta 2015, se pagaron U$S 1.500 millones y $ 13.000 millones, según pudo saber Clarín.

Durante la instrucción de la causa, el juez Rafecas determinó que De Vido realizó “una serie de actos tendientes a favorecer de la Constructora Norberto Odebrecht” para obtener los contratos para la construcción de la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–”.

Las obras del gasoducto debían ser negociadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), pero “fueron acordadas bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera ministerial”, y así terminaron en manos de Odebrecht.

La primera cifra oficial para el Proyecto de la Ampliación de la Capacidad de Transporte Firme de Gas, firmado con Cammesa y Albanesi, que subcontrataron a Odebrecht, fue de U$S 1.427 millones. Luego de esto hubo 72 instancias administrativas, y la cifra cerró en U$S 2.300 millones.

Los pagos a Odebrecht desde el Gobierno kirchnerista desde 2007 a 2015 fueron en pesos y en dólares. Según pudo constatar Clarín, en el expediente judicial se corroboró que ya se pagaron U$S 1.500 millones y $ 13.000 millones.

La obra, sin embargo, no se concluyó y aunque tuvo un avance considerable, “el mismo no se condice con la cifra desembolsada. Se violó el monto original a través de la firma de adendas privadas que iban modificando los costos sin controles”, explicaron fuentes judiciales.

Incluso, en febrero de 2006 el costo de obra de la primera etapa pasó de U$S 827.960.000 a U$S 1.182.270.000. “No se encontró documentación que justificara las diferencias de estimación de costos entre etapas”, señaló el informe pericial.

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