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Suspenden audiencia por el barrio privado “Lagos del Mar”

La polémica en torno a la ilegalidad o no respecto a la construcción del barrio privado Lagos del Mar no sólo continúa, ahora se amplía. Los cuestionamientos llegan hasta el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que había convocado a una audiencia pública para este miércoles 9 de diciembre suspendida finalmente por la justicia, en una resolución del Juzgado de Responsabilidad Penal Nº2.

Según detalló en contacto con 0223 el abogado Julio Hikkilo, a través de un comunicado emitido por la organización inicialmente demandante, -la Asociación Civil Casa del Trabajador-, en un principio, el organismo de control ambiental se había declarado incompetente para intervenir. Poco tiempo después, sin embargo, llamó a la mencionada audiencia pública en la que anunció querer brindar información a la comunidad sobre el proyecto de desarrollo inmobiliario situado a la vera de la ruta Provincial 11.

De inmediato, los vecinos afectados consideraron que la audiencia era ilegal, extemporánea y se hallaba carente de sustento fáctico y jurídico, por lo que rechazaron su realización. “Quedó demostrado  que en forma ilegal se inició la ejecución del barrio privado Lagos del Mar; y que ahora el Opds pretendía convalidar tal ilegalidad convocando a audiencia pública y, en forma absurda, sortear etapas e imponer el hecho consumado” sostuvieron en su misiva de prensa.

En esa línea, los ambientalistas afirmaron su postura y señalaron además que la convocatoria era “improcedente y prematura, por cuanto previo a ello se debe resolver la legalidad de zonificación del lugar, para recién poder analizar un posible desarrollo urbanístico en el lugar”.

“Más que abrir una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, el Opds inició una acción administrativa tendiente a blanquear y convalidar un hecho consumado clandestino e ilegal”, insistieron en contra de la entidad provincial. Por tal motivo, incluso, solicitaron al juez Néstor Salas que se investigue a la organización por “falsedad ideológica” y posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de su director.

Paralelamente, los miembros de la mencionada asociación expresaron su repudio por “las amenazas de muerte que están recibiendo en este contexto los vecinos afectados e integrantes de la asamblea que defiende la reserva y refugio de vida silvestre. Exhortamos a la justicia a que investigue las denuncias efectuadas  por tal motivo, condene a los responsables  y garantice la seguridad de  todas las personas que participan en este reclamo”.

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