Una ley de avanzada para recibir refugiados en Argentina

El lunes se conmemora el Día Mundial del Refugiado y «la legislación argentina sobre refugiados es muy buena, pero tiene dificultades en su aplicación, porque no están definidas ni sostenidas las políticas estatales que permitirían una inserción real de quienes buscamos refugio», cuenta a Télam, Mauricio. El hombre de 42 años -de quien se resguarda su apellido por seguridad- llegó desde Colombia junto a su esposa hace nueve años, escapando de las amenazas de muerte y la persecución en su país, a raíz de su trabajo humanitario con víctimas del desplazamiento forzado producto de la violencia armada interna. El análisis de Mauricio es coincidente con el que aporta a Télam Gabriela Liguori, coordinadora de la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF), una organización ecuménica creada en 1973. «Argentina avanzó de manera sustantiva en términos normativos y elevó los estándares de protección en materia de refugio. Ahora bien, poco o nada se avanzó en términos de acceso a derechos sociales y en una política de integración local integral», opina la especialista. En el mismo sentido, Jorge Fernández, encargado del área de refugio de la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM), considera que «faltan recursos, tanto estructurales como económicos para efectivizar lo que plantea la ley argentina». Se refieren a la ley de Protección y Asistencia al Refugiado aprobada en el año 2006, que no está reglamentada, si bien dio origen a la Comisión Argentina para los Refugiados (Conare), ente interministerial. Mauricio, Liguori y Fernández acuerdan en que hay fallas cuando se trata de garantizar que las personas aprendan el idioma, no hay procedimientos claros para revalidad títulos, ni capacitación para el trabajo o el acceso a vivienda digna. «Mi esposa y yo somos profesionales. Como toda persona exiliada refugiada tuvimos un proceso difícil de adaptación, pero logramos insertarnos y tener nuestro status de refugiados. No es lo mismo para todas las personas», resalta Mauricio. Por ejemplo, el profesional habla de la particular situación de personas que llegan con secuelas emocionales y psicológicas producto de vivir situaciones traumáticas en sus países de orígen, que no tienen un acompañamiento adecuado. Según la ley argentina, una persona puede pedir refugio si es perseguido en su país por motivos relacionados con la raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o por sus opiniones políticas, además de temer por su vida, seguridad o ejercicio de la libertad. La persona puede pedir refugio ante Conare o en los pasos fronterizos, donde «no siempre el personal está formado para acompañar el proceso», dice Mauricio. Luego hay entrevistas en el ente gubernamental y se entrega un documento precario como peticionante de refugio, hasta que concluye el proceso, que según los casos, pude demandar meses o años. «Ese documento, que se renueva cada tres meses, dice ‘precario’ lo que genera muchas trabas para insertarse», explica el hombre llegado de Colombia. Fernández suma que «se dan situaciones de explotación laboral por esto, y las personas tienen dificultades para acceder a beneficios sociales», y por otro lado «es valorable el acceso a salud y educación que encuentran los refugiados». Lo sabe por su tarea en la Fccam donde, el año pasado, brindaron asistencia humanitaria a 329 personas de más de 35 países, y a 150 en el primer semestre de 2016, con apoyo de ACNUR, el ente de Naciones Unidas para refugiados. Por su parte, Caref realiza un tarea fuerte sobre todo con poblaciones colombianas, haitianas, personas que provienen de diferentes países de áfrica y de la ex Unión Soviética. «Estamos apoyando al Colectivo Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz (MECoPa) en sus objetivos ligados a ejercer el derecho a la participación como víctimas en el exterior en el proceso vinculado a los Diálogos de Paz y las futuras políticas públicas que garanticen retornos voluntarios, seguros y con garantías de no rep