El pasado 23 de febrero de 2026, el Senado argentino aprobó un cambio trascendental en la regulación de trabajadores de plataformas digitales, tales como repartidores y conductores de servicios de transporte.

Ahora, se establece por primera vez un marco legal específico que reconoce su actividad sin necesidad de encuadrarlos en una relación laboral tradicional. La nueva figura del «trabajador independiente de plataformas» les otorga derechos fundamentales, como seguros de accidentes personales y libertad de conexión, aunque implica la obligación de inscribirse en la Agencia de Regulación del Trabajo Autónomo (ARCA) y tributar como monotributistas.

Aunque el gobierno presenta esta medida como un avance hacia la formalización, sindicatos y expertos advierten que se trata de una «semi-regulación», que no garantiza derechos laborales plenos, como vacaciones pagas, aguinaldo o indemnización por despido.

Contraste con el Modelo Uruguayo

En Uruguay, la situación es diferente. Desde 2020, el país implementó un modelo híbrido para los conductores de aplicaciones, asegurando un marco legal más robusto. En este sistema, los trabajadores deben registrarse en el Banco de Previsión Social (BPS) y realizar aportes como independientes, lo que les otorga acceso a cobertura de salud y a aportes jubilatorios obligatorios.

La legislación uruguaya, además, establece disposiciones comunes para trabajadores dependientes y autónomos y regula particularidades para cada modalidad. Esto incluye la obligación de que las plataformas retengan y transfieran automáticamente los aportes, lo que asegura mayor cumplimiento y reduce la informalidad.

La reforma laboral de Milei busca modificar el régimen para trabajadores de aplicaciones digitales.

La consolidación de la legislación sobre trabajadores de aplicaciones en Uruguay se concretó en 2025, con la aprobación de una norma específica para proteger el trabajo en plataformas digitales. Esta ley, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), establece mínimos niveles de protección laboral para quienes prestan servicios a través de aplicaciones, garantizando condiciones de trabajo justas, seguras y dignas.

La comparación entre ambos países revela enfoques claramente diferentes: Argentina apuesta por un esquema de independencia con aportes voluntarios, mientras que Uruguay opta por un sistema más estricto que asegura beneficios sociales y retenciones automáticas.