El intento del Gobierno por incorporar el artículo 75 en el Presupuesto 2026, que buscaba derogar leyes clave sobre Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, resultó en un aplastante fracaso. Javier Milei, descontento con la votación, expresó que «así el presupuesto no sirve» y dejó entrever la posibilidad de un veto.

Una maniobra controvertida

Esta estrategia, implementada por el presidente de Diputados, Martín Menem, intentaba incluir el polémico artículo en el Capítulo XI del Presupuesto. Dicha sección contemplaba la coparticipación adeudada a la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por el PRO, aliada fundamental de los libertarios. El movimiento buscaba forzar a los aliados a votar en contra de leyes que previamente apoyaron, para asegurar los fondos a su distrito. Sin embargo, el resultado fue contrario, con la oposición rechazando todo el capítulo.

Descontento entre aliados

La derrota no solo debilitó la posición del Gobierno, sino que también generó malestar entre sus aliados. Un acuerdo con el kirchnerismo para repartir cargos en la Auditoría General de la Nación, que el PRO aspiraba controlar, desató la ira de Cristian Ritondo. Este diputado, quien había abogado por la unión con La Libertad Avanza, anunció su intención de judicializar la decisión por considerarla ilegal, argumentando que no se pueden discutir temas no incluidos en el orden del día durante sesiones extraordinarias.

Reacción en el Senado

El efecto dominó de esta crisis se sintió en el Senado. La oposición dialoguista comunicó a Patricia Bullrich, nueva jefa de la bancada libertaria, que no respaldaría el proyecto de Reforma Laboral debido a la situación en Diputados. Bullrich decidió posponer la votación para febrero, buscando restaurar las relaciones con sus aliados.

Milei y su estrategia agresiva

Javier Milei parece decidido a forzar su agenda sobre el Congreso, insinuando la posibilidad de prorrogas al presupuesto. Esta estrategia podría facilitar ajustes drásticos sin necesidad de consenso. Sin embargo, existe una fuerte oposición a esta maniobra, ya que un Gobierno moisés dependiente del crédito externo se enfrenta a serios desafíos para implementar sus políticas sin apoyo legislativo.

Las consecuencias del ajuste fiscal

El debate sobre las leyes de discapacidad y universidades resalta el dilema fiscal del Gobierno. A pesar de que el costo fiscal de las leyes en discusión es del 0,75% del PBI, la Reforma Laboral propone exenciones fiscales que costarían el 0,8% del PBI. Esto revela un enfoque ideológico donde las inversiones en sectores vulnerables son vistas como gastos, mientras que los alivios fiscales son considerados inversiones.

Un conflicto marcado por lo político

La negativa de Milei a ceder ante las presiones de la oposición sugiere que sus motivaciones son más políticas que económicas. La resistencia a estas leyes refleja un temor a perder apoyo popular y la aceptación de nuevas movilizaciones en defensa de los derechos de la educación pública y la discapacidad.

El difícil camino por delante

El futuro del presupuesto y la reforma laboral dependerán de la habilidad de los legisladores para navegar este complejo panorama. Con el riesgo de un ajuste severo que podría dejar a muchos sectores vulnerables desamparados, la presión aumenta sobre todos los actores involucrados para encontrar un terreno común.

Mientras la situación se mantiene tensa, se evidencia que el enfrentamiento no solo pone en jaque la gobernabilidad, sino que también podría reevaluar el papel del Congreso en un contexto de creciente polarización política.