La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones ha decidido mantener el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero, quien es acusado de provocar lesiones severas al fotógrafo Pablo Grillo y de realizar disparos con arma de fuego en al menos cinco ocasiones durante la protesta del 12 de marzo pasado. Este fallo fue emitido por los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, quien además instó a ampliar la investigación hacia posibles responsables del operativo policial.

La corte ratificó un embargo de 203 millones de pesos sobre los bienes de Guerrero, una medida que refuerza la gravedad de las acusaciones en su contra.

Pruebas que Confirman el Uso de Fuerza Desmedido

Los magistrados fundamentaron su decisión citando evidencia contundente, incluida grabaciones de drones, reportes de medios y documentación de organismos de derechos humanos. Gracias a estas imágenes, se pudo identificar al gendarme responsable del disparo, así como reconstruir la trayectoria del proyectil que impactó a Grillo.

Defensa Rechazada por el Tribunal

La argumentación de la defensa, que indicaba que el disparo fue accidental y que el arma no era de precisión, fue desestimada. Los jueces recordaron que los manuales de uso y las normativas internacionales prohíben disparar armas de este tipo hacia personas debido al alto riesgo de lesiones graves o mortales.

Conducta Deliberada y Embargo Autofirmado

El tribunal también señaló que la reiteración de disparos en un breve lapso sugiere un comportamiento intencional, desestimando la idea de que se tratara de un incidente aislado. Asimismo, consideraron que el monto del embargo es proporcional a la seriedad del caso y a la complejidad de la investigación.

Detalles del Incidente y Consecuencias

El ataque ocurrió entre las 17:00 y las 17:25 horas durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados, donde Guerrero disparó con una pistola lanza gases de forma horizontal y en incumplimiento de las regulaciones. Uno de sus disparos alcanzó a Grillo, quien se encontraba a aproximadamente 50 metros del cordón policial, causándole una fractura de cráneo y lesiones que pusieron su vida en peligro. Los diagnósticos médicos confirmaron que las heridas requirieron más de 30 días de recuperación y afectaron su capacidad laboral.

La jueza María Servini había sido la primera en procesar a Guerrero por los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, considerando que sus acciones estaban agravadas por su condición de miembro de una fuerza de seguridad.