Un grupo de más de 1.800 personalidades de diversos ámbitos ha emitido un documento contundente para expresar su preocupación frente a un posible «punto de inflexión» en la política argentina. Este manifiesto, impulsado por el Foro Encuentro Reformista, busca crear un «registro histórico» que documente su oposición a las políticas previstas en el Presupuesto 2026 y a las reformas ambientales que se plantean.

Advertencias sobre la educación y la ciencia

Uno de los puntos más críticos del documento es la eliminación de las garantías legales de inversión que tradicionalmente han protegido el sistema educativo y científico del país. Los firmantes alertan que, al suprimir los pisos presupuestarios y la meta de financiamiento, se cede el futuro del conocimiento a la “discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo”. De seguir esta tendencia, se proyecta que para 2026 la inversión en educación podría reducirse a la mitad de lo que era hace diez años, mientras que el sector de ciencia y tecnología enfrentaría un recorte superior al 30% en términos reales.

La cuestión ambiental en juego

El manifiesto también aborda la polémica modificación de la Ley de Glaciares, justo en un año internacional dedicado a la preservación de estos ecosistemas por parte de la ONU. La reforma propuesta transferiría a las provincias la autoridad para decidir qué glaciares proteger, lo que podría desarticular los «presupuestos mínimos» ambientales y poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce.

Métodos de gobernabilidad cuestionados

El comunicado contiene denuncias sobre los métodos de gobernabilidad del Ejecutivo, señalando que el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se convierte en un mecanismo de «extorsión política». Según los firmantes, estos fondos se utilizan para disciplinar a los gobernadores y obtener votos en el Congreso, causando una distorsión de la verdadera gobernabilidad.

Diversidad de voces en un mismo reclamo

La pluralidad de firmas refleja un amplio espectro ideológico y profesional que une a figuras que usualmente no coinciden en otros ámbitos. Desde juristas como Ricardo Gil Lavedra hasta artistas como Claudia Piñeiro, este manifiesto incluye voces de la política, la cultura y la sociedad civil, evidenciando una preocupación compartida por el futuro del país.

Un llamado a la memoria histórica

Los organizadores enfatizan que este documento no es simplemente una carta partidaria, sino un «documento para la posteridad». Su intención es que quede constancia de que, frente a las amenazas a la educación pública y los recursos naturales, existió una resistencia ciudadana masiva y calificada, que se negó a permanecer en silencio.

Juristas, artistas y científicos: la «reserva moral» que alzó la voz

El impacto de esta convocatoria ha sido notable, logrando más de 1.800 firmas en pocas horas. Al unirse actores, científicos y ex legisladores, el mensaje es claro: la protección de los recursos estratégicos no es responsabilidad de un solo sector, sino una necesidad compartida entre empresarios, ambientalistas y comunicadores.

El texto también señala que derogar pisos de inversión significa renunciar a un Estado que protege el futuro. Aunque se reconoce la importancia de la minería y el desarrollo económico, el manifiesto advierte que estas acciones no deben realizarse a cualquier costo.

En un claro llamado a la acción, el documento aboga por una reflexión colectiva sobre el papel del Congreso frente a la presión del Ejecutivo. Aceptar estas condiciones podría llevar a una degradación de la calidad democrática que debe ser cuestionada en lugar de naturalizada.

La iniciativa concluye subrayando el ecosistema de resistencia que ha surgido en este diciembre de 2025, con la participación de figuras destacadas como Elva Roulet y Alberto Agustín Jozami, para asegurar que las futuras generaciones conozcan la respuesta ante el recorte de derechos fundamentales.