La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó su descontento a través de un mensaje en X, afirmando que «sin protocolo, no hay orden, hay caos». Según Monteoliva, esta decisión judicial pone en riesgo una herramienta que, a su juicio, garantizó la previsibilidad en el espacio público.

La Respuesta Oficial: Una Defensa Firme

La funcionaria insinuó que el veredicto del juez federal Martín Cormick representa intereses políticos que generalmente se resisten al orden. “Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, sostuvo Monteoliva, al tiempo que anunció que la medida será apelada.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad enfatizó que la Justicia ha respaldado el Protocolo en múltiples ocasiones y que la mayoría de la sociedad apoya su aplicación. El mensaje reitera que el protocolo es legítimo y ha permitido garantizar la libre circulación.

“El Protocolo no prohíbe, ordena. Hay derecho a manifestar, pero con orden y respeto a la libre circulación”, afirmó la cartera, reafirmando su compromiso de defender el Protocolo ante cualquier adversidad.

Detrás de la Decisión Judicial

El fallo de Cormick declaró la nulidad de la Resolución 943/23, argumentando que el Ministerio de Seguridad no tiene la potestad de restringir derechos constitucionales de manera administrativa. Se consideró que la resolución era ilegitima, abriendo la puerta para que los afectados por la aplicación del Protocolo presenten denuncias.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se celebró la decisión, subrayando que el fallo establece límites a lo que el Ministerio puede hacer, reafirmando que no se pueden restringir derechos constitucionales.

La Aplicación del Protocolo y sus Consecuencias

La discusión en torno al Protocolo emergió tras un año de fuerte aplicación en las calles, especialmente durante la protesta de la CGT contra la reforma laboral en diciembre. La utilización de este protocolo ha dejado una estela de señalamientos sobre su impacto en los derechos humanos.

Uno de los episodios más representativos fue la herida sufrida por el reportero gráfico Pablo Grillo durante una manifestación. Su caso ha reavivado el debate sobre el protocolo y sus repercusiones en la prensa y la protesta social.

Las Reacciones del Sindicalismo

Dirigentes sindicales como Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, celebraron el fallo, señalando que una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución. En su opinión, esta intervención judicial es un avance contra la represión y establece límites al autoritarismo del Gobierno.