El decreto N° 941, emitido por el Gobierno, ha suscitado preocupaciones en diversos sectores debido a su contenido que, entre otros aspectos, autoriza a los agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a realizar detenciones por delitos en flagrancia, siempre con el requisito de informar a las fuerzas policiales correspondientes de manera inmediata.

Un Protocolo en Debate

A pesar de las aclaraciones prometidas por el Ejecutivo, las definiciones sobre lo que constituyen «delitos en flagrancia» todavía son vagas. Ante la presión de la oposición y la sociedad civil, el Gobierno ha asegurado que está trabajando en un protocolo que precisará las circunstancias bajo las cuales los agentes podrán llevar a cabo aprehensiones y quiénes serán los responsables de estas tareas.

Un Control Controversial

Las operaciones de la SIDE, bajo la supervisión de la nueva Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que reemplazará a la División de Asuntos Internos, han sido criticadas por su falta de transparencia. A pesar de que oficialmente el control debería ser político, el asesor presidencial Santiago Caputo ejerce un poder significativo detrás de escena.

Organismos de Inteligencia en la Mira

El decreto estableció la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que incluirá organismos de seguridad, inteligencia y Fuerzas Armadas, con el objetivo de coordinar actividades de inteligencia. Adicionalmente, se formará la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), que agrupará a organismos civiles y ministerios, aunque sin realizar funciones específicas de inteligencia.

El Gobierno también ha enfatizado que las operaciones de inteligencia se realizarán con un carácter encubierto, con el fin de proteger la «sensibilidad» de esas actividades. Sin embargo, queda la duda de cómo se garantizará que estas acciones no se desvíen hacia tareas de espionaje por motivos políticos o ideológicos.

Críticas desde la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha sido una de las voces más destacadas en oponerse al decreto, describiéndolo como un intento de introducir reformas peligrosas y regresivas sin el debido debate en el Congreso. En un comunicado, manifestaron su preocupación por lo que consideran un incremento en la opacidad y el poder de la SIDE, al tiempo que advierten sobre la conversión de los agentes de inteligencia en una especie de «policía secreta» con la capacidad de realizar detenciones sin orden judicial.

La CGT señala que esta medida representa una grave amenaza a las libertades individuales y a los derechos consagrados por la Constitución Argentina, abriendo la puerta a prácticas que podrían socavar la libertad de expresión y el trabajo periodístico. “Estas decisiones gubernamentales son un complemento represivo de un programa económico y social que se aleja de los intereses genuinos del pueblo”, concluyeron en su mensaje.