Enfrentamiento Legal en California: La Ley que Quiere Dar Identidad a los Agentes del Orden
La implementación de una nueva ley en California que exige a los agentes de inmigración a identificarse claramente ha desencadenado un conflicto directo entre el gobierno estatal y la administración federal.
La legislación, conocida como SB 627 o “Ley de No a la Policía Secreta”, comenzó a regir el 1° de enero de 2026, aunque su aplicación se encuentra en suspenso hasta que se resuelva un litigio en curso. Este tema cobró fuerza nuevamente tras una audiencia federal el 14 de enero de 2026 en Los Ángeles.
Un Conflicto entre Estatus Estatal y Federal
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado el bloqueo de la ley, alegando que invade competencias del gobierno federal y pone en riesgo a los agentes de inmigración. Tiberius Davis, representante del DOJ, cuestionó ante la jueza Christina A. Snyder por qué California no podría exigir que los agentes migratorios usaran un uniforme distintivo.
Inquietudes de La Jueza y Argumentos de California
Durante la audiencia, la jueza Snyder mostró dudas sobre los argumentos del DOJ, preguntando cómo es posible que agentes que operan sin mascarilla pudieran hacer su trabajo sin problema previo. Desde el lado del estado, los abogados defendieron que la normativa busca garantizar la identificación de los agentes ante el público.
“Estas leyes son de interés público”, argumentó Cameron Bell, abogado del DOJ de California, enfatizando que el estado ha tenido que asumir las consecuencias de las acciones del gobierno federal.
El Contenido de la Ley SB 627
Firmada por el gobernador Gavin Newsom en septiembre de 2025, la SB 627 prohíbe a los agentes del orden usar cualquier tipo de máscara que oculte su identidad durante operaciones oficiales. Esta ley se aplica a agencias locales, estatales y federales que operan en California.
La normativa exige que los oficiales identifiquen su nombre y número de placa durante procedimientos de detenciones o allanamientos. Incumplir con la ley podría llevar a sanciones penales menores y consecuencias civiles.
Reacción del Gobierno Federal
La última demanda del DOJ se basa en la supuesta violación de la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que el derecho federal prevalece sobre las legislaciones estatales. Según la administración Trump, California no tiene la autoridad para regular la vestimenta de funcionarios federales durante sus funciones.
La Fiscal General, Pamela Bondi, declaró: “Los agentes del orden público arriesgan sus vidas a diario y no deben ser objeto de acoso por cumplir su deber”. Así, el litigio continúa mientras ambas partes esperan una resolución definitiva que determine el futuro de la ley.
