Una deuda histórica pendiente está marcando al sistema federal argentino. A más de 30 años de la reforma constitucional de 1994, aún no se ha sancionado una ley de coparticipación acorde a las demandas de equidad y justicia fiscal, tal como estipula el artículo 75, inciso 2º de la Constitución. Esta situación ha permitido una concentración insostenible de recursos en el gobierno nacional, afectando la estructura republicana de nuestro país.

Los Orígenes y Evolución de la Coparticipación Federal

El sistema de coparticipación de impuestos data de 1934 y ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los años. Sin embargo, desde 1984 la crisis en este régimen se ha profundizado, resultando en una nueva ley que, lejos de solucionar problemas, generó aún más inequidades y discrecionalidades en el reparto de recursos.

Impacto de la Falta de Ley

Consecuencias de la Discrecionalidad

Desde la década de 1990, los recursos destinados a provincias han sido sistemáticamente reducidos a través de medidas legislativas cuestionables. Un precedente notable fue la declaración de inconstitucionalidad emitida por la Corte Suprema a finales de 2015, que invalidó disposiciones de la ley 26.078 de 2005, impulsada por provincias como San Luis, Santa Fe y Córdoba.

Poder y Abuso

La falta de un marco legal claro ha permitido al gobierno federal manejar los recursos con flexibilidad, llevando a acuerdos poco transparentes que afectan la gobernabilidad. Ejemplos de estas prácticas van desde negociaciones por votos legislativos hasta la «transfuguismo», donde legisladores cambian de bloque para favorecer sus intereses personales.

Desafíos del Federalismo

Desde la reforma de 1994, se esperaba una revalorización del federalismo y un equilibrio entre los poderes del Estado. Sin embargo, los 29 años sin una ley de coparticipación efectiva demuestran lo contrario, debilitando la independencia del Congreso y, en consecuencia, la representación de los intereses provinciales.

La Urgencia de Transparentar Recursos

La falta de control sobre el manejo de fondos y servicios estatales ha creado un ambiente propicio para la corrupción. La opacidad en la gestión de recursos públicos es la norma, mientras que la transparencia se ha convertido en una excepción endeble. Para restaurar la confianza, no solo es fundamental implementar una nueva ley, sino también garantizar el respeto a la Constitución.

Un Llamado a la Acción

Argentina enfrenta una encrucijada. Para lograr un futuro alentador, es imperativo generar un sistema institucional más robusto y transparente. La reciente aprobación del presupuesto es un paso positivo, pero no es suficiente. La clave para un desarrollo equitativo y sostenido radica en restablecer una ley de coparticipación que respete los principios de justicia y equidad establecidos en nuestra Constitución.

La ciudadanía tiene el derecho y el deber de reclamar cambios. Este es el momento de actuar por una nueva Argentina, en beneficio de las generaciones actuales y futuras, un país que se base en la equidad, la justicia y la transparencia.