En el marco del debate en la Cámara de Diputados sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil, tres legisladores de Córdoba firmaron un dictamen con disidencias en puntos fundamentales del proyecto. La diputada Alejandra Torres conversó con Punto a Punto Radio y explicó su postura al respecto.

Detrás del Apoyo: Disidencias Fundamentales

Los diputados Alejandra Torres, Ignacio García Aresca y Juan Brugge respaldan en términos generales la iniciativa, pero hacen hincapié en la necesidad de revisar aspectos cruciales. En palabras de Torres, se debe prestar especial atención a las condiciones de alojamiento de los menores en caso de que se apruebe la modificación legal.

El Enfoque en la Rehabilitación

Torres enfatiza que no se trata solo de castigar. “No se trata simplemente de detener a los jóvenes y dejarles pasar la vida en un encierro, sino de ofrecerles herramientas para su reconstrucción y reintegración social”, declaró. Para ello, consideró vital la creación de establecimientos especializados y equipos de profesionales preparados para trabajar en la resocialización.

Preocupaciones sobre el Financiamiento

Un segundo punto de disidencia es el financiamiento del nuevo régimen. La diputada explicó que desde 2025, Córdoba implementa políticas de reintegración juvenil, lo que demanda recursos sostenibles y personal calificado. “Es crucial que se garantice la asignación presupuestaria para que este régimen pueda funcionar adecuadamente en todas las jurisdicciones”, afirmó.

Diversidad en la Escala Penal

Por último, se planteó la necesidad de una escala penal diferenciada según la edad y la gravedad del delito. Torres argumentó a favor de un enfoque progresivo en la aplicación de penas y sugirió que los antecedentes de los jóvenes deberían prescribir en un plazo determinado, proponiendo un lapso de diez años.

La Voz de la Sociedad Civil

La diputada también mencionó las preocupaciones expresadas por la Iglesia y la Pastoral Social sobre las condiciones institucionales que rodean este proyecto. “No se trata solo de detener a los jóvenes, sino de trabajar con ellos y sus familias para prevenir la reincidencia”, enfatizó.

El Balance entre Víctimas y Joven Delincuente

Así, Torres abogó por considerar también la situación de las víctimas de delitos. “Decir a las familias afectadas que no se va a tomar ninguna medida sería injusto”, señaló, recordando que un gran segmento de la sociedad lucha diariamente por vivir en paz y educar a sus hijos adecuadamente.

El proyecto en discusión es una versión del 2024, tras la retirada de una propuesta más reciente que contemplaba la reducción de la edad de imputabilidad a 13 años, pero sin los fondos necesarios para su implementación. Con el dictamen ya registrado, el tratamiento continúa en el recinto, donde se evidencian apoyos generales, pero también diferencias importantes sobre la infraestructura y los recursos requeridos.