Anuncio Clave del Ministro de Economía

En un evento reciente, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló detalles sobre el proceso de privatización de Intercargo, la empresa responsable de la asistencia a aeronaves en varios aeropuertos de Argentina. Este anuncio llega más de un año después de que se señalara el fin del monopolio estatal sobre estos servicios.

Transformación del Sector Aerocomercial

Caputo afirmó que esta medida es parte de un esfuerzo más amplio para transformar el sector aerocomercial. “Es un paso más en el proceso de transformación que incluye medidas como la desregulación del mercado y la incorporación de nuevos proveedores de servicios”, publicó en su cuenta de X.

Objetivos de la Privatización

El enfoque de esta privatización es fomentar una mayor competencia, eficiencia y calidad en los servicios ofrecidos. El ministro indicó que la venta se realizará bajo la modalidad de “empresa en marcha”, lo que implica que Intercargo mantendrá su estructura operativa y sus contratos vigentes.

Condiciones de la Venta

Caputo especificó que la transacción resultará en la salida completa del Estado Nacional del negocio, garantizando así la continuidad de la empresa. “El Estado se concentrará en establecer condiciones claras que promuevan la inversión privada”, agregó.

Historia Reciente y Contexto del Proceso de Privatización

En noviembre de 2024, Manuel Adorni había anunciado la desregulación de los servicios de rampas como parte de una estrategia para eliminar el monopolio de Intercargo, permitiendo así la participación de nuevas empresas en este sector.

Implicaciones Políticas

Este movimiento se enmarca dentro de las ambiciones de la administración de Javier Milei, quien busca reducir el tamaño del Estado. La formalización del proceso se inició a mediados del año pasado, con la publicación de la Resolución 1067/2025, que autorizó la venta del 100% de las acciones de la empresa.

Próximos Pasos

De acuerdo con la normativa, la privatización se llevará a cabo a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional, prevista para completarse en un plazo de ocho meses. Esto incluye la evaluación del valor del paquete accionario por parte de una entidad bancaria estatal.