Después de las repercusiones políticas generadas por la multa impuesta por el Juzgado Federal N.º 1 por irregularidades administrativas, La Libertad Avanza (LLA) ha hecho entrega de su informe final de campaña correspondiente a las elecciones generales. Esta acción tiene como objetivo cumplir con la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, con la esperanza de desbloquear la suspensión de los aportes gubernamentales.

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Impacto de la Sanción Judicial

La medida fue dictada por el Juzgado Federal N.º 1 mediante la Resolución N° 69, que sancionó al partido con una multa del 20% sobre sus fondos de funcionamiento, además de suspender cautelarmente la entrega de recursos públicos. Esta situación ha afectado directamente la campaña de Virginia Gallardo, quien resultó electa como diputada nacional.

La Respuesta del Partido y el Proceso de Apelación

En un comunicado firmado por Laura Marcoré, presidenta de LLA en Corrientes, el partido enfatizó que la intervención judicial se limitó a una «intimación formal», aclarando que no hay cuestionamientos sobre la procedencia o uso de los fondos. «No existe observación alguna respecto a la rendición», expresaron, defendiendo su postura ante la decisión del juez.

Frente a la sanción, el partido no se quedó de brazos cruzados. Han presentado un recurso de apelación, argumentando que la penalidad es «jurídicamente improcedente y contraria al principio de legalidad». Esta acción refleja su intención de seguir luchando contra lo que consideran una injusticia.

Compromiso con la Transparencia y el Respeto Institucional

Desde la dirección local de LLA, se reafirmó su compromiso con la transparencia y el respeto a las instituciones. Destacaron que la entrega de la documentación se llevó a cabo ante los organismos pertinentes, resaltando su intención de actuar siempre conforme a la ley.

Con la presentación del informe a la Justicia, se aguarda la decisión sobre la suspensión de los aportes públicos, esencial para el sostenimiento de la estructura de LLA en Corrientes. La discusión ahora se trasladará a la instancia superior, donde se deberá determinar el futuro de la multa impuesta.