Detención de Inés Brizuela y Doria desata crisis política en La Rioja
Una nueva controversia sacude la política riojana tras el arresto de la ex intendenta y actual vicepresidenta de la UCR, Inés Brizuela y Doria, en medio de un tenso cisma gremial.
La Rioja se encuentra en el centro de un torbellino político luego de que Inés Brizuela y Doria fuera detenida durante una asamblea en el Colegio de Farmacéuticos. La ex intendenta acusa al gobernador Ricardo Quintela de usar la justicia para perseguir opositores, lo que añade más tensión a una situación ya frágil.
El contexto del arresto
Este escándalo se desencadenó tras una denuncia de violencia de género presentada por Silvia Brizuela Ledesma, presidenta del Colegio, contra Jorge Bordón, vocal de la institución. La denunciante aseguró que existía una restricción de acercamiento de 120 días que impedía a Bordón participar en la reunión. La policía intervino durante la asamblea, donde aproximadamente 80 profesionales eran testigos, y procedió a detener al vocal.
Reacciones a la detención
Brizuela y Doria, tras recuperar su libertad, afirmó que su arresto fue irregular, dado que no contaba con una orden escrita y que fue detenida bajo instrucciones verbales. “Me interrumpieron en mi labor como abogada», subrayó, indicando que la acción de las fuerzas de seguridad es reminiscentes de los «días más oscuros» de la historia del país.
El Comité Nacional de la UCR no tardó en expresar su repudio al hecho, señalando un abuso de autoridad por parte del gobernador Quintela. En su comunicado, exigieron el cese del uso del Poder Judicial para beneficiar aliados y hostigar disidentes, resaltando que lo sucedido impidió el normal desarrollo de una reconocida institución.
Un conflicto prolongado
El enfrentamiento entre Brizuela y Doria y el gobernador no es nuevo; tiene raíces que se remontan a noviembre de 2021. En esa ocasión, protestas violentas estallaron en la capital riojana después de un paro de recolectores de basura, en el que se denunciaron intentos de desestabilización por parte del gobierno provincial. Las tensiones sociales alcanzaron un punto crítico, con funcionarios locales heridos y el caos en los servicios públicos.
La ex intendenta ha denunciado repetidamente que el gobierno provincial intenta maniobrar para debilitar su gestión y forzar su caída. Por su parte, Quintela ha negado todas las acusaciones de mal manejo y de utilizar recursos estatales para fines políticos.
Los analistas advierten que la situación en el Colegio de Farmacéuticos es solo un reflejo de las luchas internas que tienen lugar en la Casa de Gobierno, mientras el radicalismo nacional se mantiene en alerta y el oficialismo defiende las acciones de las autoridades judiciales involucradas.
