El ayudante de fiscalía Cristian Barreto indicó que el proceso judicial se lleva a cabo en colaboración con fuerzas de seguridad y organismos de protección infantil. «Estamos trabajando para identificar a los menores involucrados», afirma. Se están implementando medidas policiales y judiciales para esclarecer estos incidentes.

Responsabilidad Penal: Enfoque en el Comportamiento Individual

Barreto subrayó que la responsabilidad penal recae exclusivamente en quienes cometen los hechos, independientemente de su edad. «No se puede imputar a los padres por las acciones de sus hijos», aclaró. Aunque los adultos son informados sobre la situación de sus hijos, no enfrentan repercusiones legales por estas conductas.

Colaboración Institucional en la Investigación

Las investigaciones se desarrollan en conjunto con la Secretaría de Niñez y Adolescencia y el juzgado de menores, que determina las medidas correspondientes. Actualmente, el juez Juan Pablo Lari está a cargo de estas decisiones, que se ajustan a la legislación vigente sobre minoridad.

Las violaciones pueden clasificarse como amenazas o intimidación pública, dependiendo de cómo se hayan difundido. Esto incluye el uso de redes sociales y mensajes escritos en las propias escuelas.

En el avance de las indagatorias, se han realizado diversas diligencias, que incluyen el secuestro de dispositivos móviles para analizar su contenido, y se han solicitado datos a plataformas sociales como WhatsApp e Instagram para rastrear el origen de las amenazas.

Un Problema en Aumento

Según datos policiales, se han registrado alrededor de 60 reportes en toda la provincia. Aunque la mayoría de los casos se concentran en el área metropolitana, algunas amenazas también provienen de comunidades más rurales. Muchos de estos mensajes han sido replicados con ligeras variaciones, lo que dificulta su trazabilidad.

En respuesta a esta situación, el Gobierno ha implementado un protocolo que incluye patrullas policiales en escuelas y la participación de unidades especializadas como Ciberdelitos y el sistema 911.

Las autoridades han enfatizado que estas amenazas no son un tema que deba tomarse a la ligera, ya que movilizan recursos estatales y pueden tener consecuencias legales serias para los implicados. Simultáneamente, el Ministerio de Educación ha iniciado iniciativas para fortalecer la convivencia escolar y prevenir el ciberacoso, alentando a las familias a supervisar el uso de redes sociales por parte de sus hijos.