El proyecto de ley titulado «Contra el fraude de pensiones por invalidez» ha sido enviado al Congreso, basado en auditorías que detectaron «irregularidades significativas» en la percepción de estas prestaciones. Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Discapacidad y del Ministerio de Salud aún no han proporcionado información detallada sobre las irregularidades encontradas.

La Realidad de las Pensiones por Discapacidad en Argentina

Datos recientes indican que solo el 20% de las personas con discapacidad en el país recibe una pensión. El proyecto sostiene que entre 2003 y 2023 el número de pensiones ha crecido de manera alarmante, alegando que este incremento supera el de países en guerra, aunque no se citan fuentes específicas.

Antes de 2003, el sistema funcionaba con un modelo de «alta por baja», lo que mantenía constante el número de beneficiarios. Actualmente, más de 1.148.000 personas acceden a pensiones no contributivas por invalidez, lo que representa únicamente el 20% de la población con discapacidad en Argentina.

Activistas Alzan la Voz

Gabriela Bruno, activista y secretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad del Partido Socialista, criticó la narrativa del gobierno, sugiriendo que se intenta culpar a las personas con discapacidad de un problema que es estructural y financiero. «Llamar a esta ley ‘contra el fraude’ es un ataque directo a nuestra dignidad», señaló.

Modificaciones Clave y Sus Impactos

Una de las enmiendas más significativas del proyecto afecta el financiamiento para prestaciones básicas. Se elimina la obligación de abonar deudas a los prestadores, lo que podría dejar a muchas instituciones sin recursos para operar. Según datos de abril de este año, el Gobierno ha ejecutado solo el 6% del presupuesto destinado a la atención médica de los beneficiarios.

Problemas de Financiamiento y Atención

Las demoras en los pagos han llevado a varias instituciones al borde del colapso, mientras que el proyecto también propone eliminar nomencladores que garantizan un acceso equitativo a servicios de salud en todo el país.

Auditorías Costosas Sin Resultados Claros

El costo de las auditorías ha sido significativo, alcanzando los $ 23 mil millones, con un alto porcentaje de cartas que nunca llegan a su destino. Estas auditorías, según la ley vigente, deben ser justas y transparentes, pero el nuevo proyecto contempla suspensiones preventivas basadas en un cruce de datos cuestionado por muchos expertos.

Implicaciones Para el Empleo y la Inclusión

El proyecto limita la posibilidad de trabajar a quienes reciben pensiones, estableciendo que sólo podrán mantenerla si no tienen un empleo formal, lo que contradice el principio de inclusión laboral. Casi el 80% de las personas con discapacidad están fuera del mercado laboral, y esta medida podría hacer que el acceso a un empleo registrado sea aún más difícil.

La Visión de los Expertos

Los expertos advierten que este enfoque no solo es un ajuste disfrazado, sino que también empuja a las personas a elegir entre subsistir o desarrollarse profesionalmente. Muchos requieren apoyo para acceder al mercado laboral, y la pensión no debe verse como un privilegio, sino como un recurso esencial en un entorno que aún presenta múltiples barreras.