Escalofriante denuncia en el caso del niño asesinado en Comodoro Rivadavia: el padre implica a la psicóloga

El padre de Ángel Nicolás López, el pequeño de cuatro años brutalmente asesinado en Comodoro Rivadavia, ha presentado una grave denuncia contra la psicóloga que intervino en el proceso de tenencia del niño, apuntando a irregularidades que desembocaron en una trágica decisión judicial.

Luis López, acompañado por su abogado Roberto Castillo, ha tomado la iniciativa de acusar a la psicóloga Jennifer Grisel Leiva de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte. Esta denuncia surge tras el asesinato de su hijo, cuyo cuidado fue entregado a la madre biológica, Mariela Altamirano, actualmente detenida junto a su pareja, Maicol González.

La denuncia contra la psicóloga

Leiva, quien trabajaba en el Servicio de Protección de Derechos (SPD)Pablo José Pérez a otorgar la tenencia a Altamirano. “Hoy denunciamos a Leiva, que tuvo un rol preponderante en la muerte de Ángel”, expresó Castillo durante una audiencia donde se constituyó como querellante en la causa.

Antecedentes alarmantes

Esta no es la primera vez que la psicóloga enfrenta denuncias. La fundación Más Vida también la ha señalado, argumentando que sus informes fueron decisivos para la entrega del niño a su madre. Según la denuncia, Leiva y su colega Vanesa Marín contaban con información suficiente para proteger a Ángel, pero optaron por lo contrario.

Manipulación de informes y omisiones graves

Castillo, el letrado, sostiene que los informes elaborados por Leiva carecían del rigor científico necesario en un caso donde estaba en juego la vida de un menor. Asegura que su evaluación se basó en “entrevistas de escritorio”, sin una verificación adecuada del entorno familiar. Por ello, solicita que se designe a un perito psicólogo forense independiente para que reevalúe el trabajo de Leiva.

Un sistema que falla

El abogado considera que la actuación de la psicóloga no fue simplemente un error aislado, sino parte de un modus operandi que está avalado por la dirección del SPD. Además, sostiene que se pedirá un juicio político contra el juez que tomó la decisión de la tenencia. “Nos tomamos semanas para estudiar el expediente y entender qué le correspondía hacer a cada uno y qué no hicieron”, afirmó Castillo.

Demandas adicionales ante el sistema

En su denuncia, Castillo no solo solicitó medidas cautelares contra Leiva, sino también la suspensión del salario del director del SPD y del equipo técnico que intervino en el caso. “Si un sistema permite decisiones basadas en entrevistas superficiales y ignora antecedentes de violencia documentados, la falla es del sistema que otorga poder para perpetuar estas prácticas”, concluye el abogado.