Controversia por la Reforma de la Ley de Discapacidad: Abogada Crítica del Proyecto Oficial

Marta Lastra, abogada especializada en derechos de personas con discapacidad, denuncia el impacto negativo del proyecto que pretende modificar la Ley 24901, afirmando que esto convierte el derecho a la salud en un negocio perjudicial para más de cinco millones de argentinos.

Un Cambio Preocupante para las Personas con Discapacidad

Lastra ha manifestado su fuerte desaprobación hacia la propuesta oficial, resaltando que la eliminación del nomenclador nacional pone en peligro un sistema que asegura igualdad en la cobertura de prestaciones, independientemente de una obra social o prepaga. Esta iniciativa se presenta en un momento crítico, dado el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad.

Explosivo Crítica a la Agenda Pública

La abogada señala que el debate actual se desvia del bienestar de las personas con discapacidad. “Estamos más preocupados por las propiedades de algunos que por las necesidades de millones que dependen de este sistema”, enfatiza Lastra.

Las Consecuencias de Desmembrar el Nomenclador

Lastra advierte que, con este proyecto, se corre el riesgo de fragmentar el sistema en categorías de atención desigual. “Esto significaría crear un sistema donde algunas personas con discapacidad recibirían cuidados básicos mientras que otras, por sus condiciones económicas, quedarían desprotegidas”, explica.

Una Situación Crítica Antes de la Reforma

El nomenclador actual ya es claramente insuficiente, con prestaciones básicas que apenas alcanzan para cubrir necesidades fundamentales. “Las cifras son alarmantes: una cobertura básica de hogar puede costar más de un millón de pesos, pero las prestaciones ambulatorias apenas llegan a 18,000”, comenta Lastra.

El contexto socioeconómico complica aún más la situación, dejando a muchas familias en un estado crítico para brindar el cuidado adecuado a sus seres queridos.

Cuestionamiento a los Métodos de Auditoría

Lastra critica las auditorías implementadas por el gobierno, considerándolas inadecuadas. “Hacer auditorías sobre domicilios de personas que frecuentemente se mudan no es una irregularidad, sino un reflejo de la situación económica y social que enfrentan”, señala.

Un Ataque al Estado de Derecho

La abogada enfatiza que la reforma atenta contra los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad, desconociendo compromisos internacionales asumidos por Argentina. “El respeto a estos derechos no es opcional, es una obligación del Estado”, expresa.

Preocupación por un Futuro Desigual

Para Lastra, este proyecto representa no solo un retroceso, sino una táctica política para dividir a la sociedad y desviar la atención de problemas más amplios de corrupción y gestión pública. “No podemos permitir que se utilicen normas jurídicas para legitimar decisiones económicas que perjudican a quienes más lo necesitan”, concluye.