Este viernes, diputados del interbloque oficialista Chaco Puede llevaron la voz de la preocupación a la Legislatura, confirmando que se impulsará una ampliación de la denuncia para investigar a fondo las irregularidades en el sistema sanitario.

Los legisladores Iván Gyoker y Jorge Gómez aseguraron que perseguirán cualquier posible aspecto administrativo y sanitario vinculado al ejercicio ilegal de la medicina en la provincia. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, sostuvo Gyoker en conferencia de prensa.

El diputado Gyoker destacó que la investigación actual surge a raíz de que la mujer acusada habría estado ejerciendo de manera ilegal desde 2023 en hospitales públicos de la provincia. “Solicitaremos ampliar la denuncia para analizar todas las responsabilidades durante este período”, indicó.

Además, el legislador hizo hincapié en que hay antecedentes de casos similares que no fueron debidamente atendidos. “Existen denuncias de ‘médicos truchos’ en años anteriores que no se llevaron a cabo”, agregó, enfatizando el riesgo que esto representa para la salud de los chaqueños.

Durante la conferencia, Gómez no escatimó en cuestionar la inacción del gobierno provincial anterior ante alertas sobre la presencia de esta «médica trucha» desde 2022. “Desde agosto de 2022 estaban al tanto y no hicieron nada”, criticó.

El legislador subrayó que las denuncias previas no se tradujeron en acciones judiciales ni administrativas, lo que permitió que la acusada continuara con su labor en el sistema de salud. “No se presentaron como querellantes ni se realizaron las gestiones adecuadas”, afirmó.

Además, informó que en 2023 se presentó otra denuncia relacionada con el mismo caso, que tampoco avanzó.

Por su parte, el oficialismo defendió las acciones actuales en contraste con las gestiones pasadas. Gyoker resaltó que fue el Gobierno actual quien impulsó la denuncia judicial y coordinó la búsqueda de la acusada, quien fue detenida en Buenos Aires. “La Policía del Chaco hizo lo necesario para que pudiera ser juzgada”, afirmó el diputado.

También se notificó que algunos funcionarios y responsables hospitalarios han sido apartados de sus funciones a raíz de este escándalo, reflejando un intento de toma de responsabilidad.

En la conferencia, también se plantearon preocupaciones sobre el impacto en la salud pública, dado que se reportó que la mujer había firmado actas de defunción de varios pacientes sin contar con el título adecuado. Gómez subrayó que el Estado deberá asumir las consecuencias correspondientes. “El Estado se tiene que hacer cargo”, reafirmó, anunciando que el Ministerio de Salud pretende integrarse como querellante en la causa.

La causa se inició tras la detección de que la acusada ejercía como médica en hospitales del interior chaqueño con documentación, presuntamente, falsa. La mujer gestionaba guardias, firmaba documentos oficiales y llevaba a cabo labores sanitarias sin la debida habilitación. Actualmente, se encuentra detenida y a disposición de la Justicia, mientras tanto, el Ministerio de Salud y otras áreas provinciales llevan a cabo investigaciones internas para detectar posibles casos similares en el sistema sanitario.