La ley, que ahora cuenta con la aprobación del Senado, fue sometida a un proceso de votación más complejo de lo esperado. El peronismo solicitó dividir el proyecto en cuatro votaciones, resultando en un respaldo unánime al artículo 4°, que extiende el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2027. Mientras tanto, los artículos centrales fueron aprobados casi en su totalidad por la coalición oficialista, integrando a LLA, UCR, PRO y aliados provinciales, mientras que el peronismo se opuso.

Una Ley con Historia

El origen de esta ley se remonta a 2024, bajo la iniciativa de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien logró media sanción en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el proyecto permaneció en una espera incierta hasta su reciente tratamiento en el Senado, donde el tiempo apremiaba para evitar su caducidad.

Contexto de Amenazas en Escuelas

Al acercarse la votación, diversas escuelas en todo el país, incluyendo varias en Buenos Aires, reportaron amenazas de tiroteos. Martín Soria, senador de Unión por la Patria, criticó las intenciones del gobierno, señalando que el escaso plazo para renovar el Plan Nacional de Desarme coincidía con el aumento en las amenazas de violencia en las aulas. Su argumento se centró en que la ley podría permitir el «blanqueo» de armas que no fueron registradas correctamente.

Defensa del Oficialismo

Desde el oficialismo, la defensa de la norma enfatizó la importancia de tener armas registradas para aumentar la trazabilidad y el control estatal. Bullrich, quien ahora lidera el bloque en el Senado, destacó que un sistema de registro robusto permitiría a las autoridades saber si las familias poseen armas y, por ende, aumentar la seguridad ante potenciales amenazas escolares.

Puntos Clave de la Nueva Ley

La nueva legislación ofrece un plazo de 360 días para que individuos o entidades regularicen armas no registradas o con documentos caducados ante el RENAR. Aquellos que se adhieran estarán protegidos de sanciones por tenencia ilegal, siempre que no existan cargos judiciales previos. Las estimaciones oficiales indican que alrededor de 800,000 armas están en situación irregular en Argentina. Además, el programa de entrega voluntaria se reactivará, permitiendo a los ciudadanos entregar armas anónimamente a cambio de incentivos económicos, habiendo ya eliminado más de 200,000 armas desde su creación.

El peronismo, aunque presentó un dictamen en contra, votó a favor del artículo relacionado con la entrega voluntaria, mostrando así una posición mixta respecto a la nueva ley. Este desenlace significa un paso significativo en la política social de seguridad armamentística en el país, pero no está exento de controversias.