Diputados exigen investigación sobre billeteras virtuales y sus tasas de crédito

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Diputados del Peronismo Federal denuncian prácticas anticompetitivas en billeteras digitales argentinas

Legisladores del Peronismo Federal presentaron una denuncia contra las principales billeteras digitales de Argentina, solicitando una investigación por posibles prácticas anticompetitivas en el sector fintech.

Análisis de la denuncia contra billeteras digitales

La denuncia no se limita a las ocho plataformas mencionadas inicialmente, sino que busca examinar a un total de 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros. Estos proveedores, incluidas mutuales y cooperativas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, están bajo el escrutinio de los legisladores denunciantes.

Requerimientos al Banco Central

Los diputados solicitaron al organismo de competencia que obtenga datos específicos del BCRA, incluyendo el volumen de operaciones, tasas aplicadas y ratio de morosidad de las entidades cuestionadas durante los últimos 24 meses.

Examen de algoritmos de asignación de crédito

La denuncia también busca auditar los algoritmos de asignación de crédito utilizados por las aplicaciones denunciadas, con el objetivo de determinar posibles discriminaciones de precios basadas en datos no financieros de los usuarios.

Importancia de la interoperabilidad de datos crediticios

Se destaca la necesidad de compartir historiales transaccionales entre entidades financieras y no financieras para fomentar la competencia y permitir que los usuarios trasladen su reputación crediticia a otros proveedores sin tener que empezar desde cero.

Leyes que podrían haberse violado

La denuncia incluye posibles infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia, Defensa del Consumidor, Carta Orgánica del Banco Central y Código Civil y Comercial de la Nación relacionadas con prácticas anticompetitivas y abuso de posición dominante en el mercado.

Próximos pasos

Una vez iniciada la investigación, la Autoridad Nacional de la Competencia podría imponer el cese de conductas anticompetitivas y aplicar sanciones económicas que podrían llegar al 30% de las ventas de la empresa infractora en el mercado afectado.