La ARCA, bajo la dirección de Andrés Vásquez, ha revelado los resultados definitivos de un proceso que obliga a ciertos contribuyentes a ajustarse a categorías más altas, obligando a abonar diferencias retroactivas. Mendoza ha sido escenario de fuertes críticas y reclamos por parte de aquellos afectados, que ahora buscan claridad sobre cómo pueden formalizar su oposición al trámite.

Nuevas Normativas y el Conflicto por Transferencias

El corazón de la controversia gira en torno a los criterios de fiscalización automatizada de la ARCA. Muchos contribuyentes han señalado que el sistema no diferencia entre ingresos legítimos por actividades comerciales y transacciones personales, lo que ha generado un clima de incertidumbre.

En respuesta a las quejas, el Gobierno ha intervenido, asegurando que sus controles se enfocan en las operaciones comerciales y que no afectan transferencias familiares o gastos compartidos. Sin embargo, expertos tributarios advierten que cualquier ingreso registrado podría ser considerado ganancia por el fisco, exigiendo a los monotributistas una gestión cuidadosa de sus cuentas.

Para mitigar las tensiones, ARCA abrió una ventana para que aquellos disconformes puedan manifestar su desacuerdo, permitiendo la suspensión del aumento de categoría para unos 24.000 contribuyentes, quienes tendrán la oportunidad de presentar evidencias que respalden su caso.

Próximos Pasos para Monotributistas

Aunque se están llevando a cabo estos controles, ARCA recuerda que este proceso de fiscalización es habitual y se realiza semestralmente. Un atento monitoreo dará inicio a la segunda recategorización anual, cuyo plazo final se ha establecido para el 5 de agosto de 2026.

Los monotributistas deberán auditar sus actividades entre julio de 2025 y junio de 2026 para determinar su posición. Para ello, deberán tener en cuenta cuatro parámetros cruciales: ingresos brutos, consumo de energía eléctrica, alquileres devengados y la superficie utilizada para desarrollar sus actividades económicas.