Evo Morales, bajo la lupa de la justicia: una nueva orden de captura en Bolivia
En medio de un clima de tensiones políticas, el expresidente boliviano Evo Morales enfrenta serias acusaciones que suman nuevos desafíos legales en su carrera política.
Los problemas judiciales persiguen a Evo Morales.
Este miércoles, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una orden de captura contra el exmandatario, alegando su presunta participación en las recientes protestas y bloqueos que paralizaron Bolivia durante más de 50 días.
Contexto de las acusaciones
Esta no es la primera vez que el sistema judicial boliviano busca la detención de Morales. Desde su mandato, que se extendió de 2006 a 2019, ha enfrentado múltiples acusaciones, las cuales él califica como parte de una «persecución política» orquestada por el gobierno actual de Rodrigo Paz.
En su cuenta de X (anteriormente Twitter), Morales expresó: «Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar la profunda crisis económica y social que vive Bolivia». Además, reafirmó su compromiso de continuar luchando junto al pueblo.
La respuesta del gobierno
Desde el ejecutivo, la versión oficial sostiene que la orden de captura proviene del sistema judicial y no del gobierno, como indicó José Luis Gálvez, vocero de Paz, a un medio local.
Los delitos imputados
La Fiscalía boliviana ha señalado a Morales por la posible comisión de seis delitos, entre ellos: alzamiento armado, terrorismo y atentado contra la seguridad pública. Las acusaciones son gravísimas y, en caso de ser hallado culpable, podría enfrentar penas de hasta 30 años de cárcel.
Las investigaciones comenzaron tras una denuncia del Comité pro Santa Cruz, que solicita que Morales explique su papel en los bloqueos y las provocaciones que generaron un clima de conflicto en el país.
Protestas y consecuencias
Las manifestaciones de mayo y junio de este año no solo causaron caos logístico y desabastecimiento en ciudades como La Paz, sino que también resultaron en la trágica pérdida de 22 vidas, además de 88 personas heridas y 573 detenidas.
Los bloqueos fueron en respuesta a las medidas económicas del gobierno de Paz, lo que Morales utilizó para justificar sus acciones y recordar que “en el pasado, con bloqueos de caminos hemos recuperado la democracia”.
Nueva orden de captura
En un giro adicional, la Fiscalía también emitió una orden de captura en 2024 por delitos de trata y tráfico de personas, relacionados con su vínculo con una menor durante su último mandato. Morales ha rechazado todas las acusaciones, sugiriendo que son parte de una «guerra judicial» en su contra.
A pesar de las adversidades, se encuentra resguardado en el Chapare, rodeado por un fuerte apoyo de sus seguidores, lo que complica aún más su situación legal y política.