Denuncia Penal contra Luis Caputo: La Oposición Alza la Voz por Irregularidades en el INDEC

Los diputados de Unión por la Patria han presentado una grave denuncia penal contra el Ministro de Economía, Luis Caputo, por decisiones que han alterado el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este viernes 13, Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca hicieron oficial su denuncia, que surge de la reciente decisión del Gobierno de no implementar un nuevo sistema de medición de la inflación, previsto para entrar en vigor en enero de 2026.

Un Cambio Controversial en la Medición de la Inflación

La denuncia fue compartida por Julia Strada en sus redes sociales, donde expuso que la acción se basa en varias irregularidades cometidas por Caputo. Entre las acusaciones figuran la “violación de los deberes de funcionario público”, “violación de secretos y deberes de confidencialidad” y “falsificación de documentos públicos”, tal como establece el Código Penal argentino.

Irregularidades en el Cálculo del IPC

Según Strada, el Ministro ha ordenado que se mantenga el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) utilizando componentes desactualizados. Esta decisión, tomada por el INDEC en octubre de 2025, fue vista como una intentona de Caputo por postergar el nuevo índice hasta que finalicen las recomposiciones tarifarias, las cuales tendrían un notable impacto en los precios al consumidor.

“Se observa un abuso de autoridad en esta conducta”, señaló la diputada, advirtiendo que esta situación generará consecuencias graves en el ámbito social, económico y político. Los efectos, según enfatizó, afectarían tanto a jubilaciones y pensiones como a las negociaciones colectivas en los ámbitos público y privado.

Las Implicaciones del Secreto Estadístico

Además, los denunciantes han destacado un posteo de Caputo en el que se revelaban datos inflacionarios de enero, utilizando ambos índices para justificar la decisión de no aplicar el nuevo sistema de medición. La denuncia alega que esto constituye una violación del secreto estadístico, al hacer públicos datos antes de su validación formal.

La legisladora concluyó que, dada la relevancia del IPC en la economía nacional, es vital garantizar la independencia del organismo encargado de su medición. “Tenemos la responsabilidad de velar por el cumplimiento de estas normativas para proteger la integridad de los datos oficiales”, afirmó.