TÍTULO: «Córdoba debatirá sobre la baja en la edad de imputabilidad en el marco de la reforma del Régimen Penal Juvenil»
BAJADA: «La Unicameral cordobesa discutirá un proyecto que busca ajustar su esquema procesal al nuevo Régimen Penal Juvenil, incluyendo garantías procesales novedosas.»
ARTÍCULO:
Proyecto de reestructuración operativa en Córdoba
La Unicameral cordobesa está por abrir el debate sobre un proyecto que representa una reestructuración operativa de la norma provincial 11.035. Con las firmas de legisladores de distintos bloques, la iniciativa busca adecuar el esquema procesal local al nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado por el Congreso de la Nación y, en paralelo, incorporar garantías procesales inéditas en la legislación subnacional.
Impacto político: baja en la edad de imputabilidad
Uno de los puntos más importantes de este texto es la baja en la edad de imputabilidad, que, de ser aprobado, permitiría al fuero especializado procesar a adolescentes desde los 14 años. Esta modificación responde a la Ley Nacional N° 27.801 y posiciona a Córdoba a la vanguardia entre las provincias que ajustan su normativa antes de la entrada en vigencia plena del ordenamiento federal en septiembre.
Consensos políticos e institucionales respaldan la propuesta
La propuesta cuenta con un alto nivel de consenso político e institucional, surgida del trabajo técnico de una mesa interinstitucional que involucró al Poder Judicial, la Fiscalía General, la Defensa Pública, la Senaf, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, expertos universitarios y representantes de diversos espacios políticos.
El titular de la comisión de Seguridad, Juan Manuel Llamosas, señaló que el debate formal comenzará de manera conjunta con la comisión de Niñez, destacando el trabajo previo de consenso y el respaldo técnico alcanzado.
En la misma línea, la legisladora radical Brenda Austin valoró el consenso técnico alcanzado y puso el foco en la ejecución territorial, destacando la importancia de tener una buena ley y garantizar que la Senaf cuente con los recursos necesarios.
Otro aspecto relevante de la reforma
En el ámbito procesal, el proyecto introduce un cambio de paradigma para las víctimas de delitos cometidos por menores. En concordancia con la “Ley Joaquín”, se otorga a las víctimas el derecho a contar con asistencia jurídica gratuita, recibir información clara y ser escuchadas en instancias clave del proceso.
Además, la reforma consolida el principio de que la privación de la libertad debe ser una medida de último recurso, estableciendo herramientas alternativas como el acompañamiento comunitario, las reglas de conducta en territorio, la mediación penal y pautas claras de conexidad en delitos que involucren a adultos y menores.
Con el inicio de las discusiones en comisiones el miércoles, seguidas de otras instancias de análisis, se proyecta que el Poder Legislativo trate la ley de 29 artículos en el recinto el 26 de agosto.