El Senado argentino se encuentra en pleno debate sobre una esperada ley de propiedad privada, un proyecto que pretende acortar significativamente los plazos judiciales para resolver casos de usurpaciones de inmuebles y contratos de alquiler incumplidos. Claudio Vodanovich, secretario de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios, compartió detalles clave sobre esta iniciativa.

<h2><strong>Desalojos en 20 Días: Un Cambio Necesario</strong></h2>

<p>La propuesta establece un proceso de desalojo que podría completarse en un plazo de apenas 20 días. En los primeros días, el propietario debe demostrar la titularidad del inmueble con los documentos pertinentes. Posteriormente, el juez tendrá un corto periodo para notificar a la parte ocupante.</p>

<p>Si los ocupantes no presentan pruebas de un derecho legítimo de ocupación entre el noveno y el décimo quinto día, la Justicia podrá proceder con el desalojo entre los días 16 y 20. <strong>"Este es el planteamiento actual en el Congreso"</strong>, explicó Vodanovich.</p>

<h2><strong>Usurpación y Incumplimiento: Una Misma Reglas</strong></h2>

<p>Una de las características más controvertidas del proyecto es la equiparación de los ocupantes ilegales con los inquilinos que no cumplen sus contratos. Vodanovich destacó la importancia de mantener la seguridad jurídica en ambos casos, señalando que <strong>"la buena fe debe prevalecer"</strong> cuando se asume una obligación.</p>

<p>Sin esta previsibilidad, advirtió, se podría desincentivar la inversión privada en el sector de la vivienda, que depende en gran medida de individuos dispuestos a destinar sus ahorros a la compra de inmuebles para alquilar.</p>

<h2><strong>Control sobre la Compra de Tierras por Extranjeros</strong></h2>

<p>Respecto a la compra de tierras, Vodanovich aclaró que la ley no afecta la adquisición de departamentos por ciudadanos extranjeros, sino que se enfoca en grandes extensiones de tierra, especialmente en zonas fronterizas.</p>

<p>Actualmente, ya existe una normativa que prohíbe que cualquier entidad posea más del 15% de un territorio determinado. La nueva legislación tendrá como objetivo que las <strong>provincias</strong> sean las encargadas de decidir sobre la autorización de estas operaciones, especialmente para áreas de gran tamaño, como las 1.000 hectáreas en el sector agropecuario.</p>

<p><strong>"Se está delegando a las provincias la responsabilidad de decidir si una inversión puede llevarse a cabo"</strong>, finalizó Vodanovich, subrayando la importancia de este cambio en la gestión de la propiedad privada en Argentina.</p>