El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha sido acusado en un tribunal federal de EE.UU. por cargos relacionados con el narcotráfico, según un reciente comunicado del Departamento de Justicia estadounidense.

Una red de corrupción en el gobierno

Rocha Moya, quien se encuentra en su mandato hasta 2027, es señalado junto a nueve funcionarios por presuntamente colaborar con el infame Cartel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas y armas hacia Estados Unidos.

La conexión con el cartel

Las acusaciones indican que el grupo se asoció con «Los Chapitos», una facción del cartel dirigida por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Estos vínculos son alarmantes, considerando el historial delictivo del cartel en la región.

El impacto de las declaraciones

El fiscal federal Jay Clayton destacó la historicidad del caso, apuntando que este tipo de corrupciones no podría sostenerse sin la colusión de figuras públicas. «El Cartel de Sinaloa ha desatado una crisis de salud pública en EE.UU., inundando las calles con drogas letales», expresó Clayton.

¿Quiénes están involucrados?

Además de Rocha Moya, otros acusados incluyen:

• Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario de Gobierno estatal.
• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
• Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa.
• Varios exmandos policiales y el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil.

Reacciones ante las acusaciones

En respuesta a las acusaciones, Rocha Moya expresó su rechazo categórico en las redes sociales, argumentando que las imputaciones carecen de fundamento y son parte de una estrategia para desplazar su movimiento político, la Cuarta Transformación.

Defensa de los acusados

El senador Inzunza Cázarez, también acusado, declaró que las acusaciones buscan deslegitimar las críticas a la intervención de agentes estadounidenses en México, especialmente tras su reciente oposición a su presencia en el país.

Detalles de la acusación

El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que los funcionarios aceptaron sobornos a cambio de facilitar operaciones del cartel y proteger a sus líderes. Se les atribuyen delitos de tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia EE.UU.

Colaboración policial y gobernanza expedita

Según la acusación, los implicados facilitaron al cartel la protección de sus operaciones y proporcionaron información sensible sobre las fuerzas del orden, lo que permitió una operación casi sin restricciones en la zona.

Próximos pasos legales

Tras el anuncio de la acusación, México ha recibido una solicitud de extradición de EE.UU. Sin embargo, la Cancillería ha indicado que faltan pruebas concretas para determinar la culpabilidad de los implicados y que se seguirá el proceso según la legislación mexicana.

Reacción oficial mexicana

El gobierno mexicano enviará una notificación a la Embajada de EE.UU. manifestando su descontento por la forma en que se comunicó la solicitud, alegando que se han vulnerado protocolos de confidencialidad.