En un nuevo avance de la investigación sobre el «dólar K», la Justicia ha impuesto embargos por casi 860 millones de pesos contra más de cien casas de cambio y financistas involucrados en el circuito paralelo de divisas, lo que ha apuntado directamente a figuras clave como Elías Piccirillo, apodado el «rey del blue». Este movimiento se produce en un contexto donde el presunto perjuicio económico para el Estado se eleva a más de 607 millones de dólares.

Impacto financiero del caso «dólar K»

La evaluación del daño económico provino de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco). El informe mostró la magnitud de las extracciones de efectivo realizadas entre enero y septiembre de 2023 por diversas casas de cambio investigadas.

Dada esta información, la jueza Servini ordenó un embargo preventivo por $859.516 millones, afectando gravemente a los actores del circuito. Entre ellos, se destaca Elías Piccirillo, conocido en el ámbito informal por su influencia en el mercado negro.

Implicaciones para el Banco Central

El fallo de la jueza también puso en tela de juicio la actuación de funcionarios del Banco Central de la República Argentina, quienes, según Servini, «habrían resultado funcionales al esquema» ilegal, permitiendo que las operaciones no fueran controladas adecuadamente.

Actualmente, otros funcionarios vinculados al Banco Central están bajo investigación. Romina García, una de las implicadas, fue grabada diciendo que había «gente de arriba entongada». Luego explicó que sus comentarios surgieron de una situación de nerviosismo durante una conversación.

La jueza destacó que un asombroso 99% de los dólares involucrados en el esquema eran válidos, extraídos físicamente del Banco de Servicios y Transacciones (BST). No obstante, aún no se han tomado medidas judiciales contra la entidad bancaria.

Funcionamiento del circuito «dólar K»

La investigación ha desenmascarado un sistema que consistía en acceder a dólares al tipo de cambio oficial mediante ciertas transacciones, solo para revenderlos en el mercado paralelo a un precio superior. La Justicia ha identificado al menos ocho casas de cambio como participantes clave, las cuales habrían recibido alrededor de $140.000 millones en operaciones no registradas en la base RIOC.

Entre las entidades bajo la lupa, se ha mencionado a una cuya dirección se alegó que trabajaba en un ámbito completamente distinto, como «changarín» y colocador de aires acondicionados, mientras estaba vinculado a movimientos financieros sospechosos y de gran escala.