Un nuevo capítulo se abre en el debate sobre el protocolo antipiquetes, luego de que el juez Martín Cormick determinara su nulidad. Este fallo surge en respuesta a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que asegura que el protocolo afecta el derecho a manifestarse.

El magistrado de la Corte Contenciosa Administrativa N° 11, Martín Cormick, consideró que la resolución 943/2023, la cual regula la actuación de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones, vulnera el derecho a la protesta social. Este protocolo fue implementado hace dos años con la intención de poner fin a los cortes de calles por protestas.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad, actualmente bajo la dirección de Alejandra Monteoliva, anunció su decisión de apelar el fallo. En el texto, argumentaron que el protocolo ha sido «validado en reiteradas ocasiones» por la Justicia y que cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. «Sin el protocolo, volvemos al caos», resaltó el comunicado.

Patricia Bullrich, quien lideró la cartera de Seguridad cuando se estableció este protocolo, criticó duramente al juez Cormick por su histórico rechazo a las decisiones del Gobierno: «Es el mismo juez que siempre falla en contra de nosotros», manifestó en redes sociales.

El fallo ha suscitado un debate intenso sobre el equilibrio entre el derecho a manifestarse y la necesidad de mantener el orden público. Según el Gobierno, el protocolo no prohíbe las manifestaciones, sino que las organiza para asegurar la libre circulación y evitar el caos en las calles.

A medida que se desarrolle el proceso de apelación, tanto Monteoliva como Bullrich han dejado en claro que no cederán ante lo que consideran un retroceso en la seguridad y el orden social. «El protocolo ha permitido que los argentinos vivan y trabajen en paz», concluyeron en su declaración.