El Gobierno de Javier Milei ha informado a la Justicia federal que comienza a cumplir con el dictamen que ordena la «inmediata aplicación» de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada en julio por el Congreso. Este cumplimiento había estado condicionado a la disponibilidad de partidas presupuestarias necesarias.

Fuentes cercanas al caso han señalado que el Ministerio de Salud de la Nación, liderado por Mario Lugones, presentó este lunes un informe ante la justicia federal de Campana. Este documento detalla las acciones emprendidas para activar la ley, que busca implementar los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sin embargo, el cumplimiento de la medida no será inmediato. Según el informe del Ministerio, se requieren diversos trámites administrativos que ya están en marcha. Esta declaración llega tras la intimación del juez federal Adrián González Charvay, quien había declarado la nulidad de un artículo del decreto que establecía que la ley entraría en vigencia únicamente cuando se asignaran las partidas presupuestarias necesarias.

Con la respuesta del Estado, ahora se espera la opinión de otras partes involucradas en el caso. Posteriormente, el magistrado decidirá si se efectúa o no la aplicación de la ley.

Detalles Clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad

La Ley, cuyo régimen integral tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año adicional, tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado derivadas de la Convención. Este avance legislativo fue aprobado por el Congreso, sin embargo, el Gobierno había condicionado su aplicación a la asignación de recursos económicos.

Desafíos Legales y Pronto Revisión Judicial

Diversas familias, incluyendo una que representa a dos menores de 11 años con discapacidad, han planteado un amparo que cuestiona la constitucionalidad del decreto que restringía la entrada en vigor de la ley. En este contexto, el juez González Charvay había declarado, el 12 de diciembre, la invalidez de dicho artículo y ordenó su aplicación inmediata.

En su fallo, el juez sostuvo que los argumentos del Gobierno para postergar la aplicación de la ley eran “arbitrarios” y en contraposición con principios constitucionales e internacionales. La falta de financiamiento adecuado podría comprometer tratamientos fundamentales, poniendo en riesgo el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

Futuro de la Ley en la Corte

El Gobierno ha decidido apelar esta sentencia, lo cual será revisado en la Cámara Federal de San Martín una vez que inicie la actividad judicial en febrero. A pesar de ello, la corte ha autorizado la supervisión del cumplimiento del fallo durante la feria judicial de enero, instando al Ministerio de Salud a mantener a la Justicia informada sobre su progreso.

En su presentación a la Justicia, el Ministerio de Salud ha detallado las medidas adoptadas, aunque no ha especificado una fecha de inicio para la plena aplicación de la ley. A partir de ahora, se espera la opinión de los abogados de las familias afectadas, así como de las organizaciones que han intervenido en el expediente como «Amicus Curiae.»