La Justicia en Jaque: Reclamó un DNU ante el Fallo Levinas
El procurador de la Nación, Eduardo Casal, solicitó al presidente Javier Milei la emisión de un decreto que solucione las consecuencias del destacado «fallo Levinas», emitido por la Corte Suprema a finales de 2024, mientras se completa la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad.
Una Urgente Intervención Judicial
En su primera aparición ante el Congreso, Casal expuso frente a la Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, presidida por Sebastián Galmarini. En su intervención, enfatizó la situación crítica que enfrenta la justicia en la Ciudad.
Solicitud de un DNU para la Justicia Porteña
El procurador detalló que desde el 19 de mayo se ha solicitado al Ejecutivo la implementación de un decreto que permita al Ministerio Público intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en las causas en las que están trabajando, hasta que la transferencia completa de responsabilidades judiciales a la Ciudad sea efectiva.
Recursos por Inconstitucionalidad
Casal dejó claro que, ante la falta de respuesta, seguirán interponiendo recursos tanto a nivel local como federal. “Necesitamos esta cobertura normativa urgentemente. Está en manos del Poder Ejecutivo y se está considerando el problema”, agregó.
El Contexto del Fallo Levinas
El «fallo Levinas», que obliga a las apelaciones en la justicia federal de la Ciudad a ser revisadas por el TSJ, ya ha generado complicaciones en el funcionamiento del sistema judicial. Desde el Ministerio Público Fiscal se han denunciado retrasos debido a las dificultades que enfrentan fiscales y abogados en la presentación de causas.
Impacto y Consecuencias
A pesar de que esta resolución surgió de una demanda civil, sus efectos se han extendido a otros casos nacionales, incluyendo los penales. Actualmente, los fiscales solo pueden actuar en tribunales federales, lo que genera bloqueos en las causas que llegan al TSJ.
Sugerencia de Cambios Legislativos
Casal ha comparado la situación del TSJ con un “dulce de leche bien distribuido”, demostrando la confusión que reina en el sistema. Por ello, enfatiza la necesidad de una legislación que subsane estas dificultades hasta que se complete el proceso de traspaso judicial.