Nuevas Restricciones en el Sector Público: Un Cambio Drástico para 2026
El Gobierno Nacional implementó un conjunto de restricciones que impactarán significativamente las designaciones y contrataciones en el Sector Público para el próximo año, con la finalidad de promover un empleo formal y eficiente.
El Decreto 934/2025, publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero, establece severas limitaciones en las contrataciones del Sector Público Nacional para 2026, coincidiendo con la gestión del presidente Javier Milei. Este nuevo marco legal deroga el Decreto 1148/2024 y plantea un camino hacia un sector público más eficiente.
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Restricciones Generales para el Sector Público
Según la normativa, las organizaciones y entidades del Sector Público Nacional no podrán realizar designaciones o contrataciones de personal de ningún tipo. Esto incluye todos los contratos, sean temporales, permanentes o en locaciones de servicios profesionales.

Excepciones a las Nuevas Normas
El decreto contempla un extenso listado de excepciones. Se permiten las designaciones en universidades nacionales, en el Cuerpo de Guardaparques, en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, así como en el personal de salud bajo convenios sectoriales, el Servicio Penitenciario Federal y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluyendo el personal civil.
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También quedan exceptuadas las designaciones jerárquicas, contrataciones culturales, prórrogas de designaciones transitorias y personal de gabinete, así como aquellos ingresos que provengan de concursos para planta permanente y los cambios en el régimen laboral que no impliquen un aumento de gasto.
Normativa de Altas y Bajas
Una de las claves del decreto es la regla de “un alta por dos bajas”, que se aplicará a las contrataciones que no se encuentren dentro de las excepciones. Esta norma entra en vigor para las bajas generadas en 2026, ya sea por renuncias, jubilaciones o desvinculaciones, excluyendo aquellas por retiros voluntarios.
La validación de cada designación deberá contar con la intervención de la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, con la posibilidad de hacer excepciones en casos estratégicos justificados.
