La Auditoría Pública ha revelado que el acuerdo de 2022 para arrendar HMP Dartmoor al Ducado de Cornwall se firmó “en una ceguera total” por funcionarios que intentaban garantizar espacios en prisión. Esta prisión de categoría C, que albergaba a numerosos delincuentes sexuales, cerró en 2024 tras detectar niveles de radón en algunas áreas hasta 10 veces superiores a lo recomendado. El gobierno admitió, además, que era consciente de esta situación desde 2020.

Los peligros del radón y sus consecuencias

El radón es un gas radiactivo, incoloro e inodoro, que causa aproximadamente 1,100 muertes por cáncer de pulmón en el Reino Unido cada año, según la Agencia de Seguridad Sanitaria. A pesar de estos riesgos, el informe indicó que los funcionarios del Servicio de Prisiones y Libertad Condicionada (HMPPS) no lograron negociar un buen trato antes de formalizar el contrato.

Costos abrumadores por un acuerdo ineficaz

Bajo los términos del contrato, el departamento no podrá rescindir el alquiler hasta al menos diciembre de 2033. HMPPS actualmente paga alrededor de 4 millones de libras al año para mantener una prisión inutilizable, incluyendo alquiler, tasas comerciales y gastos de seguridad. A esto se suman unos 68 millones de libras adicionales en mejoras durante el transcurso del alquiler.

Reacciones y críticas al manejo de la situación

El comité hizo preguntas a los funcionarios sobre este acuerdo el año pasado. Geoffrey Clifton-Brown, presidente conservador del comité, calificó el manejo de HMP Dartmoor como “una absoluta vergüenza”. Afirmó que la decisión de arrendar un edificio que ya era conocido por su contaminación con radón fue impulsada por una aparente “ceguera” ante la urgencia de necesitar lugares en prisión.

Desplazamiento de internos y reclamaciones legales

La clausura de la prisión obligó a reubicar a 682 internos, lo que se sumó a años de monitoreo y esfuerzos fallidos para mitigar los niveles de radón. Desde 2010, se estaban midiendo los niveles, y los últimos 640 prisioneros no fueron trasladados hasta julio de 2024. Más de 500 exinternos y personal de la prisión están presentando reclamaciones legales contra el gobierno, alegando que su salud se vio comprometida.

Investigaciones en curso y futuras repercusiones

La decisión de cerrar HMP Dartmoor y las críticas hacia el Ministerio de Justicia han llevado a un escrutinio renovado. Una investigación sobre los niveles de radón en la prisión, llevada a cabo por la Comisión de Salud y Seguridad, continúa en marcha. Mark Fairhurst, presidente nacional de la Asociación de Oficiales de Prisiones, expresó su indignación ante la falta de consecuencias para los responsables de esta grave situación que ha costado millones en fondos públicos.

Defensa del Ministerio de Justicia

Ante el comité, Jo Farrar, secretaria permanente del Ministerio de Justicia, defendió la decisión de firmar el contrato en 2022, alegando que el sistema penitenciario estaba al borde de quedarse sin espacios. Afirmó que se tomó una decisión “sensible y pragmática”, aunque en ese momento no se disponía de la información que ahora se conoce.

Un portavoz del Ministerio de Justicia argumentó que esta decisión fue parte de un legado de crisis en el sistema penitenciario y que debía abordarse de manera urgente para evitar un colapso total en la seguridad pública.